Fabián Bonilla López/Noticias y Debate M3

CDMX, 21 de julio, 2019.- La fuerza discursiva de la 4T y su capacidad de construcción de consensos se frena en los territorios en los que parecería tener más legitimidad: los pueblos. Y precisamente en las regiones donde es más apremiante detener la violencia y la muerte, es donde más se está aplicando una administración de la población a partir de mecanismos y estrategias de exterminio, estatales y paraestatales.  

Días antes se habían denunciado la ejecución de cuatro delegados del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, en el estado de Guerrero. Entre el 8 y el 10 de julio fueron levantados y ejecutados por el grupo delincuencial los “Ardillos”. Estos asesinatos ocurrieron a unos días de la llegada a la región de la Guardia Nacional a la zona. Entre estas cuatro personas asesinadas dos eran mujeres.

Ayer mismo se denunció que la tarde “del sábado 20 de Julio del 2019, varios comandos armados del grupo narcoparamilitar de los “Ardillos” sitiaron la comunidad de Tula Guerrero. Llevan ya varias horas de ataque armado y la balacera no ha parado. En este momentos desconocemos el número de hermanos heridos o asesinados”, así lo consigna el comunicado del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.

Asimismo se hace el siguiente llamamiento: “Por lo tanto urgimos a las autoridades locales, estatales y federales que intervengan inmediatamente para evitar una masacre. A las organizaciones nacionales e internacionales solidarias y defensores de los derechos humanos les solicitamos demandar al estado mexicano su inmediata intervención para evitar una masacre contra nuestros hermanos y hermanas indígenas nahuas de la comunidad de Tula.”

Lo anterior se contrasta con la nota en la que Andrés Manuel López Obrador entregó más de 42.5 millones de pesos a dos municipios de la Montaña del estado de Guerrero. Durante el despliegue mediático y performativo que es la “conferencia mañanera”, López Obrador, entregó un cheque simbólico a las autoridades municipales de Metlatónoc y de Cochoapa el Grande, que representan a dos de los municipios más pobres y con alta marginación del país. Como parte de los recursos que ha obtenido el gobierno federal de la subasta de inmuebles incautados a grupos delincuenciales.

Sin embargo, quedan las dudas de ¿por qué se deja operar a un grupo delincuencial como los “Ardillos”? ¿A quiénes benefician estas masacres y la impunidad consecuente? ¿Qué proyecto político se puede levantar a partir de este baño de sangre?