Piedad Córdoba Ruiz/Solidaridad con Venezuela
CDMX, 14 de mayo, 2020.- Los hechos ocurridos, entre el 3 y 4 de mayo en La
Guaira (Venezuela), cuando un grupo de mercenarios fue interceptado por las
fuerzas militares del país vecino, no han tenido la repercusión mediática que
una situación de esa naturaleza ameritaría. Esto no es raro, pues desde hace
tiempo, los medios nacionales e internacionales han venido tejiendo una
narrativa sobre Venezuela, cuya base se enfoca en desestimar los sistemáticos y
diversos ataques contra la estabilidad del país hermano.
La estrategia contra Venezuela, ha tenido diversas etapas, y se ha enfocado en
múltiples frentes, uno económico, que ha ido menguando las condiciones sociales
de la ciudadanía hermana, con el uso de severas sanciones económicas, las
cuales, a mi modo de ver, pueden constituirse en violación de los derechos
humanos. Sin embargo, la comunidad internacional, que la ONU representa, ha
optado por hacer una excepción y se ha abstenido de manera oficial en
pronunciarse contra esta política fomentada especialmente desde Washington.
Por otra parte, mediáticamente, el gobierno bolivariano ha sido blanco de constantes noticias tendenciosas, falsas, manipuladas cuyo objetivo es el de generar antipatía, cuando no animadversión contra Venezuela. Esta estrategia pretende, por una parte, invisibilizar los logros de los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Maduro, y, por otra, afectar su imagen al retratarlos como autoritarios, sectarios, populistas, etcétera, esto lo han hecho a partir de, por un lado, ridiculizarlos, y, por otro, denominando sus gobiernos con el rotulo problemático de régimen.
Esta campaña, constante, logra que la información asociada
con Venezuela sea fácilmente tergiversada para acomodarse a esa narrativa. El
impacto de esta violencia estructural, que es transversal y permanente hace que
la gente apoye, tácitamente cualquier acción encaminada a desestabilizar
gravemente al Estado venezolano, aunque las repercusiones de esa acción en
Colombia sean previsiblemente negativas.
Esa campaña, tuvo un punto alto en 2002, cuando las fuerzas militares
bolivarianas lograron desarticular un intento de golpe de Estado contra el
entonces presidente Hugo Chávez Frías. La situación, posteriormente, se mantuvo
estable, aunque no carente de puntos de tensión, hasta 2013, año en que
falleció el presidente Chávez. Desde entonces, la presión ha ido incrementando
de forma sostenida contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
De acuerdo con el académico Katu Arkonada, en los últimos
seis años se “sucedieron órdenes
ejecutivas de Obama (2015) y Trump (2017, 2018 y 2019) declarando a Venezuela
un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos e imponiendo sanciones
económicas, buscando además golpear a la petrolera estatal PDVSA, principal
motor económico del país. Todo ello combinado con la desestabilización mediante
guarimbas en el territorio nacional (2014 y 2017)”.
Asociado a esto, está lo sucedido en La Guaira, episodio que con el paso de los
días ha ido revelado un entramado de intereses de diversa naturaleza detrás de
la infructuosa operación ilegal que las fuerzas militares venezolanas lograron
interceptar con éxito. De acuerdo con medios, como RT y Medium, el intento de
incursión marítima se ejecutó, gracias a la colaboración de agencias de
seguridad norteamericanas, que usaron a la firma Silvercorp, la cual ha tenido
relación con la Casa Blanca, para proponerle firmar un extenso contrato a Juan
Guaidó, el cual básicamente le concedía a Washington, por medio de Goudreau, dueño
de la firma de seguridad, control sobre el Estado venezolano.
La investigación de Medium, que tuvo acceso al extenso
documento, indica que el objetivo era que el comando mercenario lograra tomarse
un aeropuerto, para facilitar la incursión militar aérea de las fuerzas
militares de Estados Unidos. Una vez logrado el control del país, la pretensión
era desarticular el Estado venezolano, criminalizar el chavismo, eliminar al
presidente Nicolás Maduro, y, a la alta cúpula del Estado. Señala Medium, “Silvercorp
actuaría de la mano con el gobierno fake de Juan Guaidó y por encima de las
instituciones de defensa y seguridad nacional concebidas en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela como la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB)”.
Sí esto es así, estaríamos ante un escenario en el que una corporación
internacional, asociada a la Casa Blanca y con la anuencia de gobiernos como el
de Colombia, se apoderaría de un país soberano, con el propósito de desmantelar
toda su estructura estatal, abolir el estado social de derecho, para de esta
manera controlar la explotación total de sus recursos y de paso, suprimir todas
las libertades y logros sociales alcanzados en Venezuela en estos años.
¿Cuál ha sido el papel de Colombia en todo este entramado? Los indicios y la
lógica, hacen suponer que este tipo de planes, no se podrían llevar a cabo sin
algún tipo de apoyo tácito del gobierno colombiano, el cual ha tratado de tomar
distancia de los hechos, como es usual en este tipo de situaciones.
A pesar de ello, las evidencias del rol colombiano en este
trance están a la vista para quien quiera
ir más allá de los titulares sosos de la prensa tradicional. La cual, como
mencionaba al comienzo de esta columna, ha sabido obrar de tal manera que el
episodio no pase de una anécdota, lo que tiene como fin, ocultar la gravedad de
la conjura, para así propiciar nuevas acciones contra Venezuela, con el
respaldo de la ciudadanía, a quien le han generado con su larga cadena de
noticias tendenciosas una perspectiva viciada del país hermano.
Aunque hay aún mucho por aclarar sobre lo sucedido, lo cierto es que los
organismos de seguridad de la república bolivariana, han ido armando pieza a
pieza este rompecabezas, que puede resultar muy incómodo para el gobierno colombiano,
cuyo abordaje sobre este asunto ha sido, como lo he señalado en varias
oportunidades errado y peligroso para Colombia y para la región.