Fernando Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

CDMX, 24 de julio, 2019.- Las acciones implementadas por el gobierno mexicano en materia migratoria para atenuar las amenazas de Donald Trump tienen un alcance negativo en el campo de los derechos humanos y en el ámbito de la seguridad. Se puede aceptar que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, intente evitar que el gobierno de EU imponga aranceles en las exportaciones de nuestro país, sin embargo, la decisión de enviar 6 mil 500 uniformados de la Guardia Nacional en la frontera sur para impedir el paso de miles de migrantes, en su mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y el Salvador, no sólo vulnera los derechos de quienes huyen de la violencia y la pobreza, sino que se toma la acción cuando en el primer semestre de este año se acumulan  un total de 17 mil 608 víctimas de homicidio y feminicidio, es decir, una tasa de casi 14 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que quienes aspiran a mejores oportunidades en EU son expuestos a riesgos como secuestros, extorsiones y otros abusos, lo que limita el derecho a la protección internacional. El organismo internacional exhortó al gobierno mexicano para que ofrezca mejores condiciones a los migrantes, pues no cesan las denuncias de mal trato y hacinamiento que tienen que enfrentar.

Por ello, la CIDH considera que el plan para el Desarrollo Integral de Centroamérica, presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, urge para que se implementen medidas que contrarresten las causas estructurales de la migración forzada, como promover el desarrollo y condiciones de vida dignas para todas las personas en sus comunidades de origen.