Ernesto Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3  

Morelia, Mich., 4 de octubre, 2021.- “Le tomamos la palabra al gobernador Alfredo Ramírez en el sentido de que necesitamos de su apoyo para llevar desarrollo y justicia a los pueblos originarios, señaló el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Guzmán, luego de señalar que los pendientes más urgentes son la garantía a la autonomía de los pueblos indígenas, tanto en la elección de autoridades comunales bajo usos y costumbres, y el manejo de presupuesto directo que fue obstaculizado por los ayuntamientos y el gobierno estatal en el último sexenio.   

Además, que no se reprima la lucha indígena y se libere a los presos políticos, como es el caso de los tres consejeros de Nahuatzen acusados de sabotaje y que llevan tras las rejas casi tres años, y a un profesor que fue acusado de robo luego de haber retenido a una camioneta de valores.   

El pasado primero de octubre, Ramírez Bedolla manifestó durante su toma de protesta como gobernador de Michoacán (2021-2027) aseguró que se garantizará el respeto a los pueblos indígenas y a sus formas de gobierno tradicionales. “Es compromiso que desde el primero de octubre de este año al primero de octubre de 2022 serán consultados de acuerdo a la ley las 129 tenencias de Michoacán de municipios con población originaria para que decidan si quieren gobiernos bajo el principio de usos y costumbres o si siguen con el régimen vigente”.    

El pasado primero de octubre, en su primer día de mandato, Ramírez Bedolla ofreció disculpas por los agravios cometidos en contra de los pueblos originarios. Al respecto el dirigente de unas 60 comunidades indígenas, en su mayoría purépechas, dijo que hay muchos pendientes, pero lo más urgente es el respeto a los gobiernos comunales que iniciaron en 2004 en Nurío-municipio de Paracho- y en 2011 en Cherán.   

“Ahora son más de 20, entre ellos Pichátaro, Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, San Felipe de los herreros, Sevina, Nahuatzen, entre otros, pero hay tres pendientes: Turícuaro, municipiod e Nahuatzen; Jerácuaro, municipio de Erongarícuaro y Ocumicho, municipio de Charapan, que ya fueron consultados por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y se contó con el respaldo de la mayoría de estos pueblos que fueron consultados en asamblea comunal, peo falta que el la Secretaría de Finanzas del estado y los ayuntamientos acepten”.   

Dijo que está pendiente también la comunidad de San Benito, municipio de Los Reyes, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notifique al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), para que esta población purépecha ponga en marcha su autonomía con un gobierno comunal electo por usos y costumbres y pueda no solo acceder a la parte proporcional del presupuesto, sino que también se reconozca a la ronda o policía comunitaria y a los jueces tradicionales.   

El dirigente del CSIM comentó que no solo es importante que los municipios entreguen la parte del presupuesto a las tenencias o anexos indígenas, sino que también el gobierno estatal haga entrega de la parte que le corresponde a estos pueblos. “La Comisión Estatal para Pueblos Indígenas este año contó con un presupuesto de 24 millones de pesos (hace cinco años fue de 130 millones), que no significó nada para las comunidades porque todo se fue en burocracia. Según el INEGI en Michoacán hay 150 mil personas que hablan lengua indígena, por lo que le correspondería un presupuesto de 2 mil 389 millones de pesos. Sin embargo, no se vio nada, como tampoco se vieron obras públicas del gobierno que acaba de concluir su administración”, subrayó Pavel Guzmán.   

José Luis Jiménez, José Antonio Arriola y Gerardo Talavera, fueron detenidos entre el 11 y el 14 de noviembre de 2018, por participar en la gresca del 1º de noviembre que protagonizaron seguidores del CCIN y simpatizantes del entonces alcalde perredista, David Otlica Avilés. Se trataba de un problema político porque el ayuntamiento, apoyado por el gobierno estatal, se negó a reconocer al gobierno comunal y entregar el presupuesto que le correspondía. Los encarceló los acusó de robo (cargo que fue eliminado) pero finalmente están procesados por el delito de sabotaje, cargo que no se recuerda que se hubiese aplicado anteriormente.   

En tanto, el profesor Leobardo Reyes Meza fue detenido en julio de 2020, acusado de vandalizar y de robar 17 millones de pesos de una camioneta de valores de la empresa Sepsa, el 29 de junio de 2019, en la comunidad de Ihuatzio, municipio de Pátzcuaro; junto con estudiantes normalistas. A decir de sus compañeros maestros hubo una serie de irregularidades durante el proceso penal.