Ernesto Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

Morelia, Mich., 20 de enero, 2020.-Independientemente de problemas financieros y legales, lo más lamentable de la desaparición de la Junta Local de Caminos, dependencia estatal dedicada a la rehabilitación y construcción de carreteras estatales, es el hecho de que 400 padres de familias pierdan un empleo que consideraban seguro hasta hace poco más de un  año.

Este día, el  pleno del Congreso de Michoacán votará la propuesta de acuerdo para interponer la demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el fin de tratar de echar abajo el decreto de extinción de la Junta Local de Caminos, que provocó el despido de 400 trabajadores, publicado el 25 de noviembre del año pasado en el Periódico Oficial del estado.

El gobierno que encabeza el perredista Silvano Aureoles Conejo ofreció liquidación  a los trabajadores, pero la mayoría de ellos no aceptan. El argumento del gobierno estatal es que la dependencia no cumple con el propósito que fue creado y representa una erogación  anual de al menos 115 millones de pesos.

El mandatario estatal  ha reiterado  que la Junta Local de Caminos  “es un organismo, jurídica y  financieramente, inviable”. En tanto, las manifestaciones de los trabajadores han sido constantes porque no están de acuerdo con el cierre de su fuente de trabajo ni con la liquidación que se comenzó a pagar desde hace varias semanas.

El acuerdo  fue firmado por 14 diputados de Morena y PT, sin embargo no son mayoría entre los 40 legisladores que integran el Congreso, aunque existe la posibilidad de que se sumen algunos panistas. Cabe señalar que hay varios diputados de Morena y el PT que han estado en contra de algunas iniciativas de estos dos partidos, y que buscan integrar un grupo independiente.

El argumento que han señalado los diputados que firmaron la propuesta de acuerdo es que la Junta Local de Caminos fue creada en 1989  por un decreto legislativo, y debe ser el Congreso local el que apruebe su desaparición y no el Poder Ejecutivo.

El 28 de noviembre de 2019 el Periódico Oficial del Estado publicó que el gobierno estatal respetaría los derechos laborales y el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores. El decreto señala que el Poder Ejecutivo, tal como lo señala el artículo 62 de la Constitución del Estado, establece que “para el despacho de los negocios del orden político-administrativo, el Ejecutivo contará con las dependencias básicas y organismos que determinen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y demás leyes”, por tanto, la creación, extinción o liquidación de las entidades paraestatales corre a cargo del gobierno estatal.

No obstante, los legisladores locales, así como los integrantes del Sindicato de la Junta de Caminos han señalado que esa dependencia fue creada como órgano desconcentrado del gobierno del estado a través de un decreto legislativo, de manera que no puede ser extinta por el Ejecutivo y por ello los legisladores son los únicos que pueden tomar dicha determinación.