Fernando Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

CDMX, 21 de marzo, 2019.- Hoy se advierte que se debilitan las condiciones de un diálogo que permita construir una nueva ley en materia educativa, pues la negativa del gobierno federal de modificar el proyecto de dictamen para la reforma de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales y eliminar del artículo tercero constitucional los aspectos del ámbito laboral, se traduce en el inicio de un proceso de polarización social.

El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador parece que retoma el mismo modelo excluyente que caracterizó a la Reforma Educativa que acuñó en su momento el presidente Enrique Peña Nieto, es decir, los maestros, académicos y especialistas nuevamente no fueron convocados para su diseño en el terreno legislativo.

Es lamentable que la Cámara de Diputados no atienda a la exigencia del magisterio para publicar el proyecto de dictamen que se tiene previsto discutir en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Educación, esto pone en entredicho la supuesta transparencia parlamentaria y excluye la opinión de los actores protagonistas: los profesores.

El escenario que se construye es propicio para la confrontación, pues no existe un reconocimiento a los actores participantes del sector educativo y la discusión del tema queda exclusivamente en manos del grupo parlamentario de Morena y sus aliados y desde luego de la definición final del ejecutivo federal.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechaza que el ingreso, promoción y reconocimiento de los profesores, sea determinado por una evaluación. Si bien los ajustes legislativos no ponen en riesgo la permanencia de los maestros, la rectoría de la educación pasa a manos del Estado.

El presidente tendrá que elegir si da cumplimiento a su promesa de campaña y desconoce totalmente la Reforma Educativa de Peña Nieto o realiza unas modificaciones cosméticas que a la opinión del sindicato disidente representaría un simple maquillaje.