Fabián Bonilla López/Noticias y Debate M3

CDMX, 27 de noviembre, 2019.- Hace poco surgió una polémica a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las pensiones para adultos mayores se entregarán de forma selectiva, por el “origen étnico” de los beneficiarios. Hubo voces críticas que señalaron que el primer mandatario caía en la trampa de una formulación racista para implementar esta política pública. Veamos qué sentido puede tener más allá de estos planteamientos iniciales.

Así, las pensiones para las personas “indígenas” se darán desde los 65 años, mientras que a las poblaciones “no indígenas” a partir de los 68 años, afirmó el presidente López Obrador. Esto trajo una oleada de críticas, de diferente índole, algunas de ellas caracterizaron a esta propuesta como racista, mientras que otros señalaron que era una expresión discriminatoria, que podría ser sancionada por la misma Constitución, en la que queda prohibida toda discriminación con base en el origen “étnico”.

Más allá de esto, vale la pena pensar en el término político de “indígena”. Al ser una denominación construida y forjada con el pasar del tiempo, ésta no puede tener una sola definición. Por lo que vale pena en el contexto de esta polémica plantearse las preguntas: ¿quiénes son los indígenas en este país? ¿Quién puede definir quién o quien no es indígena?

Parece sencillo y hasta ocioso tratar de definir la identidad de los “pueblos indígenas”. El documento constitucional señala que “son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Esta definición puede dar ciertos elementos, pero la manera en que identifica la identidad particular es a partir de la auto-adscripción.

Lo anterior significa que es el mismo individuo quien se autodefine como “indígena” o no. No es, por tanto, una definición racial, tampoco refiere a que si es o no hablante de una lengua originaria o si habita una comunidad llamada “indígena”. De tal suerte que el indígena se define a sí mismo. Quien quiera asumir esa identidad puede si reparar en su fenotipo, en la legua que habla o en su lugar de asentamiento.

Este antecedente por sí mismo plantea una serie de problemáticas y más si se quiere echar a andar una política pública al respecto. Por ejemplo, quién le negaría su adscripción a una persona que migró y ahora radica en una colonia como la Roma o la Juárez o cuántos profesionistas o cualquier servidor podrían manifestar su identidad “étnica” (artificial o no) sólo para adelantar un beneficio como la pensión.

¿Regresaremos a los tiempos en que son las instancias estatales quienes definan quien es o no “indígena”, si es que esa identidad existe como tal?