Pablo Cabañas Díaz/Noticias y Debate M3

CDMX, 9 de enero, 2019.- Desde la segunda mitad del siglo XX ni los altos responsables políticos ni los de la policía buscaron erradicar verdaderamente el crimen organizado. Por el contrario, trataron de controlarlo y contenerlo a través de la corrupción y la negociación con las redes delincuenciales. Su objetivo era doble: enriquecerse personalmente y utilizar a los criminales como secuaces para las operaciones policiales de base contra los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

El caso de Arturo Durazo, jefe de la Policía durante la presidencia de José López Portillo (1976-1982), uno de sus viejos amigos y sin duda uno de los más corruptos jefes de la Policía mexicana, es el ejemplo de este tipo de maneras de operar. Su innovación respecto de sus predecesores o sucesores fue sistematizar y exacerbar las prácticas consideradas largo tiempo por el conjunto de la sociedad mexicana no solo como más o menos inevitables, sino como funcionales, puesto que aseguran una forma de orden público: partiendo del adagio de Émile Durkheim, «el crimen es normal, porque una sociedad exenta de él es absolutamente imposible» , muchos responsables políticos hacían de él una especie de sofisma para justificar todos los acomodamientos y connivencias con el crimen organizado. 

Estos pactos en México, han sido  la moneda corriente de lo bajo a lo alto de la escala político- administrativa. La corrupción del mundo de la policía dista de ser un ejemplo circunscrito e inusual en la práctica vigente por el contrario la herencia de Durazo sigue vigente. 

Hasta hace poco la clase política, no tenía obligación alguna de hacer una declaración sobre el monto de su patrimonio,  ni al comienzo ni al final de su mandato. Según un dicho popular, durante el primer año de un gobierno del PRI, el presidente se dedicaba a instalar a sus hombres en puestos clave y a establecer su poder, en los cuatro años siguientes que gobernaba y, finalmente, durante el último año, se dedicaba a robar. La cosa parecía deplorable… pero al final era admitida no solo respecto del presidente, sino también por  los gobernadores, así como por los presidentes municipales. 

Hasta el final de la presidencia de  Enrique Peña Nieto (2012-2018) prevaleció la idea de que la corrupción permitía el desarrollo con estabilidad y, en última instancia, el enriquecimiento de todos: la fortuna de «los de arriba» contribuiría a lograr la fortuna de todos, en una variante de la teoría acerca del fenómeno del trickle down (efecto de derrame) sostenido por algunos economistas liberales. 

El imaginario méritocratico del PRI daba a entender que el gran sistema de negociación y ajuste de este corporativismo autoritario, sostenido por el presidente de la República, ayudaba a que cada uno tuviera su parte. Solo cuando sucedieron los escándalos  de los gobernadores mega corruptos: Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Guillermo Padrés (Sonora), César Duarte (Chihuahua), Ángel Aguirre (Guerrero), Fausto Vallejo (Michoacán), Jorge Herrera Caldera (Durango), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), Rodrigo Medina (Nuevo León), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas), Peña Nieto se vio  cuestionado (incluso él mismo) por este enriquecimiento ilícito y se mostró  débil frente a la grave cadena de delitos realizados,  y frente  al poder los grupos enriquecidos por la corrupción . 

Un ejemplo: ¿cómo es posible creer que el  ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval  no haya estado enterado de la  connivencia que tenía con importantes narcotraficantes su Fiscal General,  Edgar Veytia. El Fiscal fue capturado el 29 de marzo de 2017 en San Diego, acusado bajo el delito de narcotráfico y traslado de drogas a Estados Unidos.

Investigaciones apuntan a que en 2011, tras la llegada a la gubernatura en Nayarit de Sandoval, el fiscal estaba operando para favorecer a grupo criminales, que  tuvieron  el control de importantes zonas de  la entidad. Es difícil imaginar que  Sandoval haya podido ignorar el enriquecimiento de su funcionario y menos que no haya sido beneficiario.

Veytia se declaró culpable de distribución internacional de droga en la corte federal de Brooklyn, Nueva York. Lo que queda claro es que, si había ese tipo de ilícitos en ese estado, Roberto Sandoval es el responsable directo, él era el jefe político del estado, él fue el  gobernador y tal parece que nada habrá de pasarle mientras siga el pacto de impunidad vigente.