Pável Ulíánov Guzmán/Noticias y Debate M3  

Zacapu, Mich., 15 de diciembre, 2020.- En los últimos 10 años ha prevalecido la exigencia legítima e histórica de las comunidades originarias de Michoacán, de  la entrega del presupuesto oficial de manera directa, como parte de la reivindicación fundamentada en el ámbito jurídico, histórico y social.  

Existen por lo menos tres cuerpos jurídicos que fundamentan la ministración de recursos directos para los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Constitución Mexicana, esta última establece en su artículo 2 “Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos”.  

Históricamente, el presupuesto directo para las comunidades indígenas es una aspiración que mantiene sus raíces en los Acuerdos de San Andrés impulsados por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) donde se manifiesta “Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles”.  

El marco social que fundamenta la entrega de recursos directos para los pueblos originarios de Michoacán, son los más de 136 mil 608 personas de 5 y más años que hablan alguna lengua indígena, lo que significa el 3.5% de la población en el estado (INEGI 2010), esto sin tomar en consideración los criterios constitucionales de conciencia de identidad, autoidentidad y autoadscripción indígena, los cuales aumentarían considerablemente el porcentaje de la población que declara pertenecer a un grupo indígena hasta en un 14.6%.     

En síntesis, la exigencia de la entrega de recursos directos para las comunidades originarias, es histórica, legítima y legal y es una expresión concreta de libre autodeterminación, la cual se exterioriza en la conformación de Concejos de Gobierno Comunal, la elaboración de Planes de Desarrollo Comunitarios y el restablecimiento de los cuerpos de seguridad y de justicia ancestrales de las comunidades, como lo son las Rondas Comunales y los Jueces Tradicionales.     

En Michoacán, la exigencia del presupuesto directo y la conformación de Concejos de Gobierno Comunal ya nadie la detiene, en la actualidad existen más de 12 movimientos de autonomía, autodeterminación y autogobierno en las comunidades de Nurio, Cherán, Tanaco, Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, Comachuén, Sevina, Urapicho, Cheranástico, Pomacuarán y Tacuro.  

La autonomía p´urhépecha llegó para quedarse y forma parte del largo caminar de resistencia y lucha de los pueblos originarios, no es exclusiva de una comunidad, un colectivo de abogados o alguna institución, pertenece a todo el pueblo p’urhépecha.  

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