Ernesto Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3  

Morelia, Mich., 9 de agosto, 2021. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) solicitó al gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla que desaparezca la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos originarios y entregue el presupuesto directo municipal y estatal para que sea administrado por las autoridades comunales.  

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el dirigente estatal del CSIM, Pavel Guzmán, dijo que la dependencia estatal que atiende a los pueblos originarios solo contó con un presupuesto para 2021 de 24 millones de pesos, de los cuales 20 millones se destinaron a gasto corriente.  

Dijo que en Michoacán hay 150 mil personas que hablan el idioma indígena como el purépecha, el nahua, el mazahua y otomí, pero de los mil 854 millones que les corresponderían casi no llega nada a las comunidades que se encuentran marginadas desde hace décadas.  

Pavel Guzmán subrayó que por eso demandan el manejo del presupuesto directo que proviene del estado y la federación, y actualmente unas 15 comunidades han logrado administrar la parte proporcional del presupuesto municipal, pero siempre con obstáculos de las autoridades de los ayuntamientos y del propio gobierno estatal.  

Otra demanda de los pueblos indígenas es que se respete su territorio que ha sido saqueado y despojado por criminales, con el aval del gobierno del estado que encabeza el perredista Silvano Aureoles Conejo, quien ha hecho muy poco por las cuatro etnias que hay en la entidad.  

En materia de seguridad y justicia, indicó el líder del Consejo Supremo Indígena, piden que se reconozca a los cuerpos de seguridad indígena, mejor conocidas como rondas comunitarias, que además de que no cobrar salario, han demostrado que se puede reducir la delincuencia hasta un 80 por ciento.  

En materia de justicia, los pueblos purépechas han contado ancestralmente con sus propias autoridades, pero fueron desconocidas por el gobierno estatal, y ahora tienen que padecer una serie de injusticias, como les ocurrió a los tres integrantes del consejo ciudadano de Nahuatzen que les inventaron cargos por defender sus derechos, y llevan casi tres años presos.  

La pobreza en los pueblos originarios es actualmente 76.8 por ciento, según el Coneval, y la pobreza extrema es de 35.7 por ciento, subrayó el dirigente del CSIM. (La Jornada, 9 de agosto, 2021)