Fernando Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

CDMX, 5 de mayo, 2019.- La tragedia de la mina de Pasta de Conchos, donde recordamos que 65 trabajadores perdieron la vida el 19 de febrero de 2006, nos recuerda con indignación que las empresas mineras no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para los centros de trabajo; el proceso de otorgamiento de concesiones mineras es irregular; y, existe una falta de registro de los trabajadores al IMSS, lo que permite restar sus derechos sociales que por Ley les corresponden.

En este sentido, es importante señalar que la mina operaba con un escenario laboral irregular, es decir, de los 65 mineros atrapados únicamente 25 eran sindicalizados, y el resto trabajaban en la modalidad de subempleados, pues la empresa General D´Hulla, S.A. de C.V. se encargó de la contratación. No obstante, la mina facturaba en el 2006 entre 12 y 13 millones de dólares anuales y el Grupo México invirtió cerca de 10 millones de dólares, lo que daba margen a un manejo óptimo de las relaciones laborales y a una mejora de las condiciones de seguridad.

De acuerdo al informe que presentó la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC),[1] después de revisar la situación de más de 5 mil títulos mineros entregados en la década de gobiernos panistas, se concluyó que hay un total desorden, negligencia y omisión en el manejo de las concesiones por parte de la Secretaría de Economía (SE).

Las concesiones se otorgaron sin control, pues la SE no verificaba la existencia de las empresas a las cuales entregó títulos de explotación; incluso los mineros y poceros que las recibían tenían elevados adeudos con los gobiernos federal y estatales, ya que no pagaban lo correspondiente a los títulos. Al menos 50 por ciento de los empresarios carecían de actas constitutivas que acreditaban que los socios inversionistas eran mexicanos; sólo una décima parte estaba regularizado ante el fisco (Muñoz, P. “Total desorden, negligencia y omisión en concesiones mineras”, La Jornada, 9 de mayo de 2011).

El problema en el sector minero no sólo tiene que ver con la falta de control en el otorgamiento de las concesiones mineras, sino que estas empresas ejercen una permanente defraudación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que a su vez tolera las violaciones de los empresarios mineros y no realiza auditorías de ningún tipo, lo que deja en un estado de vulnerabilidad el ámbito de seguridad social de los trabajadores mineros.

Del 2000 al 2010, los gobiernos federales encabezados por Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, entregaron 5 mil 81 títulos de exploración. En Coahuila de los 277 concesionarios de minas de carbón que recibieron títulos en la última década, sólo 24 estaban registrados ante el IMSS. Hay una permanente defraudación al Seguro Social a causa del subregistro de trabajadores, pero también porque los empresarios de los llamados pocitos registran a los mineros con un salario menor al que reciben y el resto lo pagan en efectivo, sin comprobante.

La tragedia de la muerte de 65 mineros en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, reveló negligencia de parte de la empresa Grupo México y de las autoridades encargadas de regular la seguridad.

La complicidad del Francisco Javier Salazar, entonces secretario del Trabajo, sólo confirmó el ofrecimiento de las liquidaciones y otras prerrogativas que dio a conocer la empresa minera y prometió que se investigarían a fondo las causas del estallido, y si hubiese responsabilidades, se fincarían conforme a los dictámenes de la autoridad y de especialistas independientes. El funcionario subrayó que de ser necesario se cerraría la mina.

En contraste, la PGR archivó sin razón la averiguación previa sobre el caso, y aunque activistas lograron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación, el documento siguió cerrado.

Familiares acusaron a la empresa de no cumplir con las normas de higiene y seguridad para los mineros. Aunque en su momento el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox Quesada, dijo que se iban a recuperar los cadáveres, los trabajos se suspendieron ya que se argumentó que la mina estaba llena de gases que podrían originar una explosión.

Finalmente, tiene sentido la actual declaración de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, quien aseguró que el presidente de Grupo México, Germán Larrea, no está diciendo la verdad en la misiva que envió al presidente López Obrador, donde dice que el rescate duró 14 meses, pues “al quinto día de que se registró la explosión en Pasta de Conchos detuvieron los trabajos de rescate, sin saber si los trabajadores estaban con vida o no, sellaron la única entrada a la mina con una plancha de concreto y dejaron al Ejército Mexicano para que la resguardara”.


[1] La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) nació en el 2006, después del siniestro de la mina los familiares de las víctimas decidieron conformar la organización para darle mayor fuerza a sus demandas a la empresa y al Gobierno.