Pablo Cabañas Díaz/Noticias y Debate M3

CDMX, 29 de mayo, 2019.- La reestructuración de la administración pública federal implementada en el presente sexenio,  constituye un proceso de profundo cambio social, institucional y cultural. Los ritmos y la amplitud de estos cambios, así como la secuencia temporal en que se proponen, varían en cada caso, y representan exigencias, y  retos característicos, de la forma en la que se opera la actual transición. Ello obliga a formular políticas públicas que permitan encarar con éxito los desafíos  desde la especificidad de cada dependencia de la administración.

A medida que el gobierno toma posiciones sobre los temas socialmente relevantes, cambian los contenidos en su agenda. Los esfuerzos para llevar a cabo proyectos, iniciativas y prioridades gubernamentales conducen, dentro del aparato estatal, a arreglos organizacionales cuya naturaleza es, en gran medida, el resultado de cómo se resuelven los conflictos sociales.

No hay todavía un consenso en torno a los objetivos de la burocracia, y de los recursos económicos  que deben ser utilizados para alcanzarlos. Las causas de esto son múltiples: marcos normativos incongruentes, secretarías carentes de una misión, prácticas y procedimientos obsoletos, falta de coordinación, sistemas de planeamiento y controles débiles contra la corrupción , así como de recursos humanos contrarios al proyecto de cambio, los que deriva en un  personal desmoralizado, con pocos incentivos y baja motivación .

 Estas circunstancias son frecuentes en los cambio gobiernos y más pronunciadas en los cambios de  régimen.   Así, la eficiencia y efectividad de la actividad administrativa depende, en un sentido inmediato, de las conductas de los empleados públicos.

La Cuarta Transformación, en línea con su concepción política y la necesidad de fortalecer su base social de apoyo, requiere de una nueva estructura administrativa. Aumentar la congruencia entre el proyecto político y la organización pública puede llevar a cambios jurisdiccionales, jerárquicos y de competencias, afectando intereses establecidos y modificando arreglos de poder y patrones culturales fuertemente enraizados en la burocracia estatal.

Este cambio es previsible y sano  que se generen resistencias y que el comportamiento tienda a afectar las decisiones o acciones adoptadas, o al menos, a atenuar algunas de sus consecuencias. Tales tensiones, creadas por el cambio de orientación y los ajustes producidos por los cambios de políticas públicas —han recibido demasiada atención.

El poder de la burocracia se ha comparado usualmente con el que ejercen otros actores políticos y económicos, ya sean partidos políticos, el parlamento, la presidencia, los sindicatos, los grupos corporativos empresariales, y otros. Identificar y explicar estos patrones y cómo utilizan el poder e incorporarlos como un dato de la realidad, podría conducir a procesos de formulación  de políticas quizás menos ambiciosos, pero probablemente más sensibles a la complejidad de la dinámica burocrática y a los límites impuestos por el contexto político.

 Las perspectivas de desarrollo institucional para la implementación efectiva de políticas estatales dependen en gran medida de esta creciente adecuación al cambio propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.