Pablo Cabañas Díaz/Noticias y Debate M3

CDMX,  31 de julio, 2019.- En los inicios del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2013),  el  secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, no perdió ocasión en repetir sus frases motivacionales: “el gobierno ha hecho su tarea”; “es responsable ante las dificultades que se viven a nivel mundial”; “mantiene finanzas públicas sanas y blindadas”; “la economía continúa creciendo por arriba del promedio de los países de la OCDE y su deuda es la mitad con respecto al de otros países desarrollados”, entre otras perlas .

 Estas expresiones de aliento incluso se plasmaba en documentos oficiales como fue el caso del libro titulado: Estudios económicos de la OCDE México 2015, en donde se señalaba lo siguiente: “México ha emprendido un audaz paquete de reformas estructurales con el que pone fin a tres décadas de lento crecimiento, baja productividad, informalidad generalizada en el mercado laboral y una elevada desigualdad en los ingresos. Dichas reformas ya empezaron a robustecer la confianza en el país y auguran buenos resultados para años posteriores”. 

En el ocaso del sexenio, se pudieron vislumbrar las quiméricas propuestas establecidas en el Pacto por México, que auspiciado por la OCDE dejó de lado a la mayor parte de la clase política y a los actores de la sociedad civil. Fue en pocas palabras un acuerdo de la alta élite gubernamental y partidaria. Del lado del gobierno el cálculo fue que el éxito de las reformas compensaría sus costos políticos y sociales y le daría la legitimidad necesaria para que el PRI pudiera seguir en el poder. 

Del lado de los dirigentes del PAN y del PRD, la apuesta fue que las reformas abrirían las puertas a una competencia económica y política más equilibrada, lo que legitimaría su decisión de pactar. La administración de Peña Nieto pretendió instrumentar un proyecto reformista con profundo sentido conservador. Buscaba terminar con todo vestigio del Estado asistencial, y construir una sociedad regida por el mercado. 

La reforma más emblemática del peñismo fue la hacendaria, propuesta en septiembre de 2013, aprobada por el Congreso a mediados de octubre y decretada a fines de ese mismo mes. Esta reforma no pudo aumentar la recaudación en al menos 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), más de dos terceras partes del aumento de los ingresos se logró con mayores gravámenes a la producción, particularmente Impuesto Sobre la Renta (ISR), unificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 16% en todo el territorio nacional, y con la eliminación de regímenes especiales de tributación y reducción a aproximadamente la mitad en el subsidio a las prestaciones sociales. 

La reforma hacendaria, tuvo una multiplicidad de efectos: redujo el ingreso disponible de los consumidores, aceleró la inflación en 2014, retraso la puesta en operación de un programa de control del gasto público, y no fijó los mecanismos de formalización de las actividades informales. En lo que va del siglo XXI, México es el único país latinoamericano que no ha crecido, razón por la cual la pobreza ha aumentado. En este sexenio, la recentralización del gasto público en el gobierno federal, fue quitándole espacio discrecional a los gobernadores y alcaldes, pero también control político.

La recentralización buscaba el regreso, casi inevitablemente, del presidencialismo sin contrapesos. El interés casi único era aprobar las reformas energética, educativa y de telecomunicaciones para concluir el ciclo neoliberal, con la esperanza de atraer una amplia inversión extranjera.

A la par, que en el México real se daba la pérdida del control del territorio en vastas zonas del país, y que hoy están en manos del crimen organizado. Este proceso ha terminado por llevar al país a una degradación de la vida pública local y, en los casos más graves, de una casi completa desintegración del propio Estado.

Tales son los casos de Guerrero,  Sinaloa, Oaxaca y Tamaulipas. La ingobernabilidad en esos estados se asocia al empoderamiento del crimen organizado y a la colonización de los gobiernos estatales y municipales por parte de estas fuerzas delincuenciales.

 El resultado del fracaso de las reformas neoloiberales  fueron los bajos salarios, la disminución del consumo, y una mayor inflación, un tipo de cambio en extremo depreciado, al tiempo que el gasto y la inversión pública  fueron excesivamente castigados.  Un auténtico proyecto anti popular que llevó al PRI a su peor derrota electoral.

Ahora, hay quienes extrañan este tipo de régimen. ¿Será posible?