Pablo Cabañas Díaz/Noticias y Debate M3

CDMX, 24 de marzo, 2019.- La fuerte presión nacional e internacional dirigida al Estado mexicano por la desaparición forzada de 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero,  sigue vigente.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)   señaló hace apenas unos meses en que la desaparición forzada de los  estudiantes normalistas “no es sólo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México”, y lamentó que las autoridades de la administración anterior hayan defendido hasta el final la llamada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Han transcurrido cuatro años y medio de la desaparición de los 43 estudiantes, el organismo  mantuvo hasta el final que la llamada  “verdad histórica es insostenible”, ya que “sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas” por diversas entidades internacionales, entre ellas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture.

La desaparición de los normalistas tuvo lugar en un contexto de violencia asociado a la guerra contra las drogas iniciada en el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012). La desaparición de los normalistas no es un caso excepcional. Tlatlaya y Apatzingán son la evidencia de la normalización de los crímenes por desaparición y los asesinatos masivos en los que han visto involucrados agentes del Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018). 

Lo que sí es excepcional,  es la presión de la protesta social en el plano nacional e internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dijo que Ayotzinapa “es un símbolo de las desapariciones en México”, y lamentó que las autoridades del país hayan defendido la llamada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

 El caso Iguala es de tal envergadura que si se reconduce la investigación, se establece el paradero de los estudiantes desaparecidos, se determina conforme a derecho la responsabilidad de todos los actores, incluidas las corporaciones de seguridad presentes en la trágica noche de Iguala, y se repara de manera integral a las víctimas, el impacto histórico no sólo será para las personas directamente afectadas, sino también para el combate de las desapariciones en su conjunto.

Hay esperanza que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se conozca la verdad de esos hechos, que marcaron, para mal, al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien  será peor recordado que Carlos Salinas de Gortari, que es decir mucho.