Fabián Bonilla López/Noticias y Debate M3

CDMX, 2 de junio, 2019.- A inicios de esta semana el colectivo de Reporteras en Guardia presentó un reporte sobre el número de asesinatos en el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El cual ha crecido según sus cifras en un 62.5 %, arrojando el contundente dato de que han sido 13 periodistas asesinados. Cifra comparada en el mismo lapso de tiempo de la administración pasada de Peña Nieto.

A su vez, la periodista independiente Laura Castellanos, perteneciente al colectivo, en entrevista radiofónica resaltó el punto que más les inquieta. Y lo que “nos preocupa es que 5 de las 13 víctimas eran comunicadores indígenas, pero 4 no han sido reconocidas como periodistas por el gobierno de la 4T, lo que representa una violación para la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Situación que de inmediato pone cuestión si a estos “comunicadores indígenas” se les debe de reconocer como periodistas. Esto es debido a la división ontológica entre las culturas que marca diferencias del ser o no-ser (se podría caer en la trampa de decir que unos hacen “comunicación y otros periodismo”, pero también a toda la carga simbólica del sentido de cursar una carrera universitaria o estar dentro de un medios de información de carácter empresarial para ejercer el periodismo (Y no hay problema de nombrarles periodistas a todos los maleantes que reciben “chayote”).

Por tal motivo, la misma periodista atajó este prejuicio,  “La Ley define como periodistas a las personas físicas, así como a medios de comunicación y difusión comunitarios, privados, independientes, universitarios y experimentales”, señalando esto último.

E insiste en que esta violencia mortal puede generar aún más daño. Pues “al excluirse a estos cuatro comunicadores indígenas se está dejando a este tipo de comunicadores en una mayor vulnerabilidad. Tanto por la violencia ejercida como por el nulo reconocimiento  persistente del ejercicio de periodismo dentro dela comunidades de naciones originarias. Sin embargo, hay otro punto sensible a destacar.

“Reporteras en Guardia exigió al gobierno de López Obrador el reconocimiento de los periodistas que formaban parte del Congreso Nacional Indígena (CNI): Samir Flores Soberanes, fundador y locutor de radio Amiltzinko en Morelos; José Luis Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, colaboradores de Radio Zapata de Chilapa, Guerrero, y Gustavo Cruz Mendoza, integrante de la comisión del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) y colaborador de Radio Guetza” (Proceso, 27/mayo/2019).

Lo anterior significa que dichos comunicadores mantenían una lucha política en contra de diversos megaproyectos en sus territorios. Al mismo tiempo muestra una arista más de la confrontación que mantiene gobierno de la 4T y su alianza con grupos paramilitares en contra del EZLN y del CNI-CIG (Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno).

No por nada el viernes pasado frente a Palacio Nacional se realizó una Acción Global en contra la Militarización en Territorio Zapatista y en Defensa de la Tierra, Territorio y Autonomía de los Pueblos y Comunidades Indígenas del CNI-CIG. Donde se expresó el total rechazo a los asesinatos y ejecuciones de los hermanos pertenecientes la CNI-CIG. ¿Quién detiene esta guerra asimétrica y silenciosa pero igual de mortal?