Pavel Guzmán/Noticias y Debate M3  

Zacapu, Mich., 20 de noviembre, 2020.- El Pueblo P’urhépecha ha participado cualitativamente y cuantitativamente en la mayoría de los grandes procesos sociales de México y de Michoacán, durante el periodo revolucionario, no fue la excepción, la principal causa de su intervención en el conflicto armando, fue la defensa de sus recursos naturales y la milenaria búsqueda de la restitución de tierras.  

En 1891 inició en Michoacán un periodo de gobierno que duró más de 20 años con Aristeo Mercado, su política económica fue promover las inversiones extranjeras, en lo referente a la cuestión agraria, incrementó la privatización de la tierra, lanzando a la miseria a miles de campesinos.  

Su gobierno se caracterizó por la entrega de las riquezas naturales a empresas extranjeras, lo que generó mano de obra barata y la explotación brutal del campesinado y del indígena.  

Las cuatro regiones p’urhépecha: la Meseta, el Lago de Pátzcuaro, la Cañada de los Once Pueblos y la Ciénega de Zacapu, en el periodo pre-revolucionario comprendían el 11.2% del territorio michoacano, contando con dos tipos de vegetación, serranías y altiplanos, por lo que la región fue de gran interés para los inversionistas extranjeros, pues poseía tierras de riego y de temporal, así como abundante agua y una extensa serranía.  

Los instrumentos jurídicos para el despojo de tierras de las comunidades originarias en este periodo, fueron la Ley de 1856 y sus decretos reglamentarios, la Ley de 1875, con la que se crean las compañías deslindadoras, la Ley de 1883, que aumenta el número de hectáreas que puede poseer una persona, y finalmente la ley de 1902, que les permitió a los inversionistas trasnacionales arrendar los montes de la sierra hasta por 30 años.  

Durante el Porfiriato, en un proceso voraz y paulatino, se despojó de tierras, aguas y bosques a las comunidades originarias en favor de inversionistas foráneos que acumularon grandes fortunas y paralelamente poder político. En contraparte, este proceso profundizó la pobreza y explotación de las comunidades indígenas, creando las condiciones sociales propicias para la futura rebelión armada.  

Al iniciar el movimiento armado de 1910, en un contexto de gran efervescencia social, diversos pueblos p’urhépecha se levantaron en armas en un primer momento, en contra de los hacendados o “tenedores de los bosques”. Diferentes líderes de las regiones p’urhépecha, buscaban recuperar lo que les habían arrebatado los extranjeros, y en el devenir de la revolución, sostuvieron históricamente la restitución de tierras.  

En este entorno, los brotes revolucionarios que se dieron en la Meseta P’urhépecha estuvieron fuertemente vinculados al problema de la explotación maderera. A finales del gobierno de Aristeo Mercado, operaban en esa región varías trasnacionales, siendo una de las más brutales la Compañía Industrial de Michoacán S. A. dirigida por el norteamericano Santiago Slade Junior. La política de acaparamiento y abuso ejercidas por las empresas extranjeras, fue avalada por convenios leoninos de arrendamientos, suscritos forzadamente en las comunidades y supervisadas siempre por el Gobierno del Estado y Federal.  



El arrendamiento de los bosques fue totalmente predatorio e incluso hereditario, siempre en favor del capital extranjero. Para lograr tales convenios, los apoderados comunales fueron cooptados, amenazados, reprimidos, sustituidos del cargo y/o asesinados. Aún más, cuando los recursos anteriores no funcionaban, entonces los terrenos comunales eran llanamente invadidos, esta situación se dio en diversas ocasiones, sobre todo en las comunidades de Nurío y Cherán Atzicurín.  

Los abusos de las empresas madereras en muchos casos, propiciaron la protesta de los comuneros, por ejemplo, en la población de Cherán, Federico Hernández Tapia, fue asesinado por haberse opuesto a la celebración de un contrato abusivo de arrendamiento con la Compañía Industrial de Michoacán.  

En la Meseta, a medida que el problema maderero se agudizaba, fueron emergiendo líderes que retomaron los propósitos reivindicativos de los comuneros, resaltando así Eutimio Díaz, quien luchaba a lado de los comuneros de Nurío, Nieves Cardiel con su Partido Agrarista Mexicano, quien trabajó con la comunidad de Cherán Atzicurín y Félix C. Ramírez, quien participó en la defensa de los bosques de Paracho.