Fernando Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

CDMX, 7 de mayo, 2019.- Sin duda, se puede asegurar que durante la administración que encabezó Enrique Peña Nieto se intensificó la violencia e impunidad en contra de los periodistas, lo que convirtió a nuestro país en uno de los más peligrosos para ejercer la profesión.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) indicó que tan solo de 2000 a 2017 se registraron 114 homicidios de periodistas, de los cuales el departamento ha investigado 48, pero sólo existen tres sentencias, así lo informó a la Cámara de Diputados en un comunicado publicado en  abril de 2017.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que tan sólo en cinco años la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión registró 55 periodistas asesinados, es decir, entre 2010 y 2015.

La violencia en contra de los comunicadores se agudizó principalmente en las regiones donde opera el crimen organizado y, en muchos casos, los agresores actúan con la omisión o complicidad de las autoridades federales y estatales.

En el informe 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se explica que las víctimas de violencia son principalmente periodistas que han denunciado o han informado sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados.

La lista de víctimas es interminable, en 2017 recordamos el 15 de mayo, fecha en la que fue asesinado Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada ultimado en Culiacán, Sinaloa; el 2 de mayo fue ejecutado el locutor Filiberto Álvarez en Tlalquiltenango, Morelos; el 14 de abril, un comando armado cobró la vida de Max Rodríguez en la Paz, Baja California Sur; 23 de marzo, fue ejecutada en su localidad Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua;  19 de marzo, Ricardo Monlui Cabrera, director del periódico El Político y columnista en El Sol de Córdoba muere en Yanga, Veracruz; 2 de marzo es asesinado Cecilio Pineda en Ciudad Altamirano, Guerrero. En este mismo año el periodista y propietario del canal 6 de Nueva Italia, Michoacán, Salvador Adame Pardo, fue levantado por cuatro sujetos encapuchados en la población de Lombardía.

Para dar respuesta Peña Nieto en su momento anunció la implementación de tres medidas extraordinarias: mayor presupuesto y estructura para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; establecimiento de un protocolo nacional de operación ante las agresiones al gremio, y fortalecimiento de la Feadle.

Sin embargo, sus esfuerzos fracasaron, pues de 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 125 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística.

De éstos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 6 en el actual de Andrés Manuel López Obrador.

El último caso es el de Telésforo Santiago Enríquez, asesinado el pasado 2 de mayo, en San Agustín Loxicha, Oaxaca.

Esta es la realidad, lamentablemente en México, la Libertad de Expresión es presa del cautiverio de la epidemia de violencia.