Fabián Bonilla López/Noticias y Debate M3

CDMX, 8 de diciembre, 2019.-En este espacio me he referido en diversos momentos el doble discurso que desde el poder se expresa en relación con los pueblos originarios. Y esto se reproduce en la Ciudad de México al por mayor. Veamos un caso particular.

Hace unos días representantes de la comunidad ñähñuhu que reside desde hace décadas en la Ciudad de México alzaron la voz. En esta ocasión exigiendo una respuesta frente al “anuncio inminente de desalojo” que funcionarios, tanto de la Alcaldía Cuauhtémoc como de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, hicieron el pasado 4 de diciembre.

Esto se contrasta con la invitación que se hizo desde la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas (SEPI), a la “Primera Feria de la Muñeca Otomí”, que se realizará en la CDMX la próxima semana. Siendo un ejemplo del ambiguo y contradictorio del reconocimiento a la cultura ñähñuhu.

Sobre todo, si traemos a la memoria el caso del inmueble ubicado en Roma 18, en la colonia Juárez. Que como se mencionó atraviesa la condena de un inminente desalojo. Aunque vale la pena recordar que ya previamente hubo un desalojo que hizo que las múltiples familias que habitaban ese lugar hayan quedado al desamparo en plena calle, por lo que este “desalojo” significaría ahora expulsarlos de la calle misma.

Ayer mismo durante el Encuentro de mujeres que luchan abajo y a la izquierda, la concejala ñähñuhu del Concejo de Indígena de Gobierno, Maricela Mejía señaló que: “Ya tenemos mucho tiempo viviendo en la Ciudad de México, pues en el pueblo no hay trabajo y no se tiene la manera de sobrevivir. Cuando llegamos a la Ciudad de México fue muy difícil para todas… encontrar un espacio para vender, para trabajar, pero no se no hacía justo consumir una renta… entonces decíamos: cómo va a hacer nuestras compañeras, entonces buscamos organizarnos para luchar por una vivienda, eso es lo que estamos haciendo: luchando por una vivienda”, al explicar su lucha por una vivienda digna.

Además interpeló directamente al gobierno local en los siguientes términos: “Nos dicen que no tenemos derecho a esa vivienda y estamos pidiendo esa vivienda porque tenemos ese derecho… el gobierno sabe mejor que nadie de nuestra necesidad de vivienda, pero también tenemos derecho a una buena educación, a la escuela y, también se nos niega, se nos niega por ser indígenas y se nos discrimina más por ser mujer, por nuestra vestimenta, por nuestra lengua, por cómo somos, pero también se da cuenta el gobierno que sabemos organizarnos… por eso tenemos ese derecho a elegir en donde queremos vivir”.

Estas palabras expresan el conflicto que atraviesan las familias ñähñuhu pero también la posición contradictoria que guarda el Gobierno de la Ciudad de México y las instituciones que supuestamente velan por los derechos de los pueblos originarios en la capital del país. Que son más dados al reconocimiento del folclore y lo “bonito” en contraste con aquello que no es redituable económicamente y que “afea” las zonas exclusivas de la metrópoli.