David Daniel Romero Robles/Noticias y Debate M3

Cherán, Mich., 19 de junio, 2019.- En los últimos meses en las distintas regiones del país  se ha determinado no permitir la injerencia de la Guardia Nacional en territorios de los pueblos originarios, en el caso de Michoacán los pueblos nahua, mazahua, otomí y p´urhépecha.

Esta decisión no es producto de un capricho, existe una justificación política y  económica, además de fundamento jurídico.

Por lo menos en los últimos 50 años se ha organizado a nuestras comunidades en contra de una política neoliberal que ha buscado despojarnos de nuestro territorio, recursos naturales y nuestra identidad como pueblos originarios, la tarea inicial fue de los dueños del dinero, hombres sin escrúpulos, su única ambición en la vida es la acumulación  de la riqueza. El Estado se convirtió en su instrumento y la clase política en la servidumbre.

En ese andar por la lucha de décadas de nuestras comunidades se han establecido distintas estrategias, como la búsqueda del poder desde la partidocracia, de manera antagónica la lucha guerrillera mediante los postulados marxistas-leninistas, Otra vía lo fue la creación de organizaciones indígenas con un discurso crítico pero subordinado al Estado, estos procesos políticos que han vivido nuestras comunidades hoy son parte de nuestra experiencia, por ello determinamos caminar mediante la libre determinación y la autonomía  para enfrentar las nuevas condiciones de las políticas nacionales y  globales con efecto  en lo local, como lo son; el neo extra-activismo y como instrumento de contrainsurgencia la delincuencia organizada.

Si, la delincuencia organizada como instrumento, es evidente que en  los territorios donde existen importantes recursos naturales ya sean selvas o minas han actuado para el control social, y si alguien o algunos se oponen  al  despojo  los desaparecen, los torturan  o les quitan la vida, un mensaje claro para los distintos actores que buscan organizar a nuestras comunidades, esta realidad no es desconocida para el Estado pues se han denunciado estos hechos lamentables ante la Procuraduría General de la República y hoy ante las Fiscalía General de la República integrándose carpetas de investigación que nunca llegan a judicializarse.

Por lo anterior nuestras comunidades originarias han establecido mecanismos de defensa mediante nuestras propias instituciones, como lo es la ronda comunitaria, policías comunitarias   y autodefensas, con el único propósito de mantener el orden, seguridad de quienes habitamos en las comunidades y en defensa de nuestro territorio,  esta realidad tampoco es ajena a los analistas de las trasnacionales y tampoco para las agencias de inteligencia de México y de Estados Unidos y los países subordinados  (como las reflexiones que realizan hoy en la reunión anual de socios, inversión privada y políticas publicas celebrada en Buenos Aires, Argentina).

El crimen organizado no está en nuestras comunidades,  por lo tanto la Guardia Nacional tiene que proceder con estricto apego a derecho, sin vulnerar nuestro territorio ni nuestras instituciones pues es un derecho establecido en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además del  Artículo 1° que es vinculante con los tratados y convenios internacionales de acuerdo a la reforma de 2011. 

Por lo anterior el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de las comunidades originarias bajo los principios constitucionales en materia de derechos humanos  de universalidad, interdependencia y progresividad.