Ernesto Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

Morelia, Mich., 28 de noviembre, 2019.-Todo parece indicar que el asunto de los trabajadores de la Junta de Caminos y el gobierno de Michoacán  lo resolverá un tribunal, aunque pareciera que se ha dado la última palabra.

El gobierno de Michoacán a través de la SCOP y la Consejería Jurídica del estado, iniciaron el proceso de liquidación de más de 400 trabajadores de la Junta de Caminos, luego de que el pasado 25 de noviembre se publicara el decreto de extinción del organismo.

Por su parte, el sindicato de la dependencia estatal  promovió  este jueves un juicio de amparo de inconstitucionalidad,  al considerar que no le compete al Ejecutivo haber tomado la decisión de extinguirla,  debido a que la Junta de Caminos fue creada a iniciativa del Poder Legislativo local en 1989.

En un comunicado de prensa, el gobierno que encabeza el perredista Silvano Aureoles, señala que la Junta de Caminos “le cuesta al estado más de 115.5 millones de pesos, solo en sueldos y prestaciones (servicios personales que representan el equivalente a más del 100 por ciento de sueldos); adicional a los 30 millones de pesos en adeudos que se arrastran de los ejercicios 2008 y 2012, las cuales a la fecha, tienen sentencias firmes que superan los 30 millones, lo que la convierte en un organismo, jurídica y financieramente, inviable”.

En tanto, el secretario general del Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos, Rodrigo Correa, comentó que  además del  amparo, esperan que este viernes la Comisión de Gobernación del Congreso local se pronuncie al respecto, ya que habían dicho que no le compete al Ejecutivo estatal cerrar la Junta de Caminos, y se trató al decretar su extinción, de un acto inconstitucional.

 “Tenemos que revisar qué ocurre con los tres amparos que se han presentado, y sobre todo detallar detenidamente lo que procede porque están en juego más de 400 fuentes de trabajo que no están de acuerdo con la liquidación que ordena el gobierno estatal, aseguró el dirigente sindical.

Este martes se publicó en el Periódico Oficial del Estado que el gobierno estatal respetará los derechos laborales y el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores. El decreto señala que el Poder Ejecutivo, tal como lo señala el artículo 62 de la Constitución del Estado, establece que “para el despacho de los negocios del orden político-administrativo, el Ejecutivo contará con las dependencias básicas y organismos que determinen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y demás leyes”, por tanto, la creación, extinción o liquidación de las entidades paraestatales corre a cargo del gobierno estatal.

No obstante, los legisladores locales, así como los integrantes del Sindicato de la Junta de Caminos han señalado que esa dependencia fue creada en el año de 1989 como órgano desconcentrado del gobierno del estado a través de un decreto legislativo, de manera que no puede ser extinta por el Ejecutivo y por ello los legisladores son los únicos que pueden tomar dicha determinación.