Fernando Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

CDMX, 19 de febrero, 2019.- Al parecer todavía no se logra el consenso en el Senado para la aprobación del dictamen  que avala la Guardia Nacional, pues el Partido  Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) rechazaron el documento.

Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, senador de Morena, explicó que el dictamen que se aprueba sólo es para reunir los requisitos de legalidad y proceso legislativo, por lo que no se entiende por qué se tiene que esperar hasta el jueves para conocer el documento definitivo en el que supuestamente están trabajando.

Entre las promesas que externó el legislador destaca que la Guardia Nacional tendría un carácter civil en un plazo no mayor a cinco años y no intervienen los tribunales militares, sino civiles, para en su caso, juzgar a quien trasgreda la ley. Por ello, justificó será hasta el próximo jueves cuando se sustituya el dictamen aprobado por Morena.

Existe una preocupación real por la actuación de los militares en la Guardia Nacional, Jan Jarab representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), aseguró que el Estado mexicano fortalece la lógica militar por encima de las garantías individuales, entre las que destaca el derecho a la vida.

El Comisionado ha denunciado los peligros que representa la creación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y en el Senado, sin embargo, de ser cierto lo que asegura Ramírez Aguilar, la demanda de establecer una temporalidad de las Fuerzas Armadas sería resuelta con el período máximo de cinco años.

No obstante, al organismo internacional de derechos humanos también le preocupa que se reconozcan las facultades de investigación de la Guardia Nacional, pues éstas se consideran tareas exclusivas de la autoridad civil.

La posibilidad de que elementos de las fuerzas armadas realicen órdenes de aprehensión, entrevistas a víctimas y testigos, además de aseguramiento de bienes. Todo esto, además abriría la posibilidad de detener a presuntos sospechosos en campos militares, lo que generaría una protesta social ante las torturas y desapariciones que se tienen registradas en las décadas pasadas.

Resulta necesario recurrir a la memoria colectiva, pues a los mexicanos nunca les ha ido bien en lo relativo al respeto de los derechos humanos por parte de los militares. Lo que debe considerarse para perfeccionar la ley, ya que si los legisladores dejan lagunas jurídicas o inconsistencias en la materia, estaremos condenados a repetir las crudas experiencias.