Fernando Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

CDMX, 13 de mayo, 2019.- En México son cotidianas las denuncias de empresas que contaminan deliberadamente el medio ambiente, entre éstas se recuerda al Grupo México (GM), quien fue acreedor de dos demandas por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora el pasado 6 de agosto de 2014. La primera exigía la reparación de los daños ambientales en defensa de un derecho colectivo como vivir en un medio ambiente sano; la segunda, con el objeto de que reparen el daño físico y moral de las personas afectadas.

Jaime Varela,  profesor de Ingeniería ambiental de la Universidad de Sonora, señaló que si una mina construye una represa de almacenamiento para sustancias nocivas para el medio ambiente, “tiene que construir junto a ésta una represa vacía del triple de esa capacidad. Para que en el remoto caso de que ocurra un accidente, aquí quede todo y no llegue a los cuerpos de aguas nacionales, que son los ríos, los arroyos, las presas”.

La empresa no sólo no cumplió con los protocolos básicos de seguridad, sino que culpó del derrame a la precipitación de lluvia que supuestamente fue abundante. No obstante, se le demostró que incurría en un error, y más tarde se reconoció que la contaminación afectó gravemente la salud de los habitantes, pues los pobladores tuvieron que enfrentar daño a las mucosas, y en muchos casos con la ingesta del agua  se presentaron afectaciones severas al sistema digestivo, náuseas, diarreas y daños al hígado y riñones.

De esta manera, fue necesario esperar la presión social y mediática para que el 20 de agosto de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) finalmente presentara ante el Ministerio Público Federal, una denuncia penal en contra de la empresa GM, por delitos contra el medio ambiente.

En respuesta GM rechazó las acciones legales que llevó a cabo la PROFEPA y continuó responsabilizando a la lluvia del siniestro.

El 10 de septiembre GM, a través de su filial Buenavista del Cobre, informó a los inversionistas la creación de un fideicomiso por dos mil millones de pesos para la reparación ambiental y pago de daños materiales por el derrame del sulfato de cobre en ríos de Sonora.

A pesar del fideicomiso y la inversión gastada no se repararon los daños y tampoco se dio respuesta a la exigencia de los pobladores por los pagos de indemnizaciones. La gente se sintió engañada por la falta de atención a sus enfermedades, la suspensión en la entrega de apoyos y la nula transparencia en los resultados sobre los niveles de contaminación del agua.

La situación se complicó en el 2015 ante el desarrollo de los procesos electorales, pues “de manera unilateral se decidió suspender los pagos del Fideicomiso río Sonora para habitantes de siete municipios, creado con dos mil millones de pesos aportados por Grupo México, con el argumento de que había veda electoral, cuando el dinero no provenía de los fondos públicos.

Hoy, en Sombrerete, Zacatecas, la historia se repite, pues se registró el derrame de la mina San Martín –propiedad de Grupo México– sobre el río de la localidad, el cual ocasionó severos daños a la agricultura y ganadería, además de que pone en grave riesgo la salud de la población, así lo denunció el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Alertó que el material derramado contiene reactivos como cianuro, sulfato de zinc y de cobre, por lo que reiteró su urgente llamado a la PROFEPA, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y demás instituciones, para que atiendan los daños causados por la empresa minera.