Fernando Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

CDMX, 26 de abril, 2019.- Es importante recordar la declaración de Jesús Ortega Martínez, ex dirigente nacional del PRD, cuando justificó su respaldo al denominado Pacto por México en el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, me refiero al cuestionamiento de qué Estado merecía llamarse como tal si no controla su territorio.

El político reconoció, en ese momento, que una gran parte del territorio mexicano no estaba gobernado por las fuerzas legítimas del Estado, sino por “poderes supraestatales” que controlaban en toda la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero; en el Estado de México; así como en buena parte de la frontera norte; la totalidad de la frontera sur; sin soslayar el estado de Veracruz.

La estrategia en materia de seguridad fracasó en la administración de Peña Nieto, pues de entrada la iniciativa de Ley para crear el Mando Único no consideró la falta de recursos financieros para fondear la homologación del equipamiento y salarios de la policía municipal. Asimismo, se congeló la propuesta para legalizar el uso de las fuerzas castrenses en materia de seguridad pública.

Ahora, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta uno de los grandes retos: dar seguridad a los más de 125 millones de mexicanos. Lo desafortunado es que en el primer trimestre de 2019 se registraron 8 mil 493 víctimas de homicidios doloso.

En su comparecencia ante el Senado, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo destacó que los ejes centrales de la estrategia de Seguridad Pública contemplan el combate a la marginación y la corrupción, así como la creación de la Guardia Nacional, recién aprobada por el Congreso.

Para el funcionario el problema mayor es a corto plazo, pues pretenden que en los próximos seis meses se frene la tendencia creciente de la criminalidad y en tres años se logren niveles razonables de paz y tranquilidad.

En este sentido, esperarían que en los últimos tres años de gobierno se consoliden los resultados para que al final de la gestión de López Obrador tengamos “un país estable y en paz”.

¿Qué hacer? Se puede advertir que la estrategia de Seguridad Pública genera dudas, pues puede ser rebasada mientras no se cierren las fuentes de financiamiento del crimen organizado. De esta manera, se puede destacar el problema de la extorsión que hoy enfrentan millones de mexicanos por concepto de derecho de piso.

 Son varias las regiones del país donde la población tiene que pagar una cuota por una presunta protección, y en caso de no hacerlo, puede esperar lo peor, es decir, que dañen su patrimonio o que paguen con su vida la desobediencia.

No se requiere ser comerciante para ser víctima de la delincuencia, cualquier ciudadano puede estar en la mira, sin embargo, las autoridades se convierten en cómplices por omisión o acción, pues es escaso el uso de la inteligencia policiaca para combatir este cáncer, o simplemente observamos su actuación cuando ya hay vidas que lamentar como fue el caso registrado en Minatitlán, Veracruz, donde 13 personas fallecieron, entre ellos un bebé de un año de edad.