Redacción/Noticias y Debate M3

CDMX, 26 de abril, 2019.- La integrante del grupo parlamentario de Morena María Chávez Pérez, presentó este jueves una reserva a la norma del dictamen con el fin de mejorar el proyecto de decreto de la reforma educativa, donde se derogan con proyecto de decreto diversas disposiciones de los artículos 3°, 71° y 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa.

En dicho dictamen en donde se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación como un organismo descentralizado de la SEP, María Chávez explicó que la evaluación diagnóstica que le corresponderá a dicho instituto no será muy diferente a lo planteado anteriormente si se vuelven a utilizar instrumentos de la iniciativa privada como la prueba PISA y PLANEA, entre otros.

Adicionalmente, el instituto ha incurrido en actos de corrupción como la venta de plazas en Michoacán, donde existen pruebas, pero no se ha querido reconocer. Por tanto, María Chávez planteó la necesidad de modificar su naturaleza jurídica pues además no afectaría a la reforma educativa como tal.

En su intervención en la tribuna, la diputada federal por Michoacán explicó las ventajas del cambio jurídico presentado: “Desconcentrar es un procedimiento administrativo para facilitar la ejecución de las leyes administrativas pero los órganos superiores conservan los poderes de mando, control, decisión y vigilancia, entre otras. No tienen autonomía económica ya que su mantenimiento corre a cargo del presupuesto de egresos de la institución que lo crea. Sus facultades de decisión tienen la finalidad de su actuación”, puntualizó.

“Estamos en un momento decisivo en el que no podemos crear figuras administrativas que impacten en el presupuesto. Luchar por las condiciones idóneas donde un niño aprenda y un maestro haga bien su trabajo, es la que se debe prevalecer”, enfatizó.

Cabe recordar, que la Diputada Federal Chávez Pérez ha solicitado en diferentes momentos de las reuniones de comisiones mencionadas líneas arriba, en que el poder legislativo debe contribuir a presentar todas las pruebas de corrupción en el sistema educativo que se han detectado en los diferentes estados.