Ignacio Ramírez/Noticias y Debate M3

Morelia, Mich., 3 de julio, 2019.- A su manera y dentro del campo de la diplomacia, los gobiernos mexicanos se han pronunciado en contra de la pena de muerte que se aplica en EU a delincuentes que han cometido delitos graves. Hace tres meses hizo lo propio el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Obrador comentó que la diplomacia mexicana ha acudido en distintas ocasiones ante organismos internacionales para defender a sentenciados con esta pena, y ha logrado pronunciamientos y ordenamientos a favor de sentenciados, pero algunos casos no se ha cumplido.

En noviembre pasado fue ejecutado  en Texas, Estado Unidos, el mexicano Rubén Ramírez Cárdenas,  acusado por el delito de violación y homicidio, ocurrido el 22 de febrero de 1997.

El argumento  de sus abogados para intentar suspender la inyección letal, al igual que la mayoría de los 53 mexicanos que están la espera de recibir la pena capital, fue que el consulado mexicano nunca recibió la notificación como lo establece el Tratado de Viena.

Ramírez Cárdenas, en complicidad con su amigo Tony Castillo, violó y asesinó a su prima Mayra Laguna, de 16 años de edad. Incluso una hermana menor de la víctima observó cómo se la llevaron. Después de haber cometido el delito la arrojaron a un canal a unos 16 kilómetros donde tenía su domicilio.

Lo cierto es que no se mide con la misma vara a los migrantes que los anglosajones.  Siempre ha habido abusos y excesos por parte de policías estadunidenses. Incluso en varios casos de los sentenciados a muerte hay dudas en cuanto a la integración de expedientes como ocurrió con el michoacano  Samuel Jiménez Zamudio, quien fue sentenciado a la pena capital en octubre de 1998.

Se le acusó de asesinar a una pareja de ancianos con quienes trabajaba. No hubo pruebas suficientes,  y el acusado siempre negó los cargos, dijo que lo hicieron firmar bajo tortura. Sigue preso  en San Quintín, California.

De los 12 mexicanos a los que se les ha aplicado la pena máxima, 11 fueron ejecutados en Texas, y sólo  Benjamín Mario Murphy, recibió la inyección letal en Virginia, en noviembre de 2000. La primera ejecución, la de Ramón Montoya Facundo registrada el 25 de marzo de 1993, por el homicidio de un policía en Dallas.