Ernesto Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3  

Morelia, Mich., 11 de mayo, 2021.-Unas 40 madres e hijas de desaparecidos en Michoacán, delitos en los que participaron elementos de la fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, se manifestaron frente a las instalaciones de la 21 Zona Militar para exigir justicia, porque han pasado años, e incluso décadas, que no han vuelto a ver a sus  seres queridos. Dijeron que tienen documentadas 309 desapariciones forzadas.   

En el marco del Día de la Madres, integrantes de la organización defensora de derechos Humanos Alzando Voces, manifestaron que ha faltado voluntad política de las autoridades estatales, para evitar que este tipo de delitos sigan ocurriendo, sin ninguna sanción para los responsables.   

A pesar de ellos seguirán en la lucha hasta encontrar respuesta del gobierno. Las manifestantes colocaron en el piso las fotos de unos 30 desaparecidos, “porque sabemos que deben ser encontrados y encontradas, y no ser solo ser parte de las estadísticas y de simulaciones de búsqueda de algunas autoridades”, señaló Mercedes Ruiz González, madre de Alejandro Ortiz Ruiz, a quien no ha visto desde el 29 de noviembre de 2010 en Apatzingán.   

Las manifestantes demandaron: la armonización de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el sistema nacional de búsqueda de personas, para que se regulen los mecanismos legales de búsqueda, investigación, localización, prevención, sanción y erradicación del delito.   

Pidieron al Congreso local la revisión de la ley de desaparición forzada de personas y otras normas relacionadas con el tema, porque no hay claridad y es inoperante.   

Familiares de los jóvenes Ana Belén Sánchez Mayorga, Diego Antonio Maldonado Castañeda y Luis Enrique Castañeda Nava –desaparecidos el 22 de julio de 2012 en Paracho después de asistir a un festival de globos de cantoya, y ofrecer un curso de manualidades para niños– aseguraron que no ha habido ninguna investigación, no ha habido ningún detenido, y testigos les dijeron que fueron sacados del hotel por policías estatales, aunque lo haya negado el entonces alcalde Javier Nicolás Zalapa.   

“Ellos eran luchadores sociales tal vez dijeron algo que les incomodó. Desde que estaban dando el taller eran vigilados, incluso hay fotos y las autoridades dijeron que no los pudieron localizar, y el alcalde, quien fue quien los contrató se lavó las manos”, dijo la señora Laura Beatriz Castañeda Guerrero, madre de Diego Antonio.   

En tanto, Abdallán Guzmán Cruz, manifestó, frente a la zona militar, que entre julio de 1974 y 1977, un comando armado del Ejército Mexicano irrumpió en la comunidad indígena del Tarejero, en el municipio de Zacapu, para llevarse a sus hermanos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz (entre 15 y 19 años de edad), a su padre, Jesús Guzmán Jiménez, así como a su primo Rafael Chávez Rosas. Sin embargo, ni Solón ni su padre perteneci+ían al movimiento guerrillero Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR)   

Asimismo, Janahuy Paredes Lachino, integrante de la organización Alzando Voces, señaló que no hay proceso penal en contra de responsables que han sido identificados por desaparición forzada. “Tenemos nombres y cargos, incluso algunos han cambiado de lugar de trabajo, y otros que están en la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía general del Estado”.   

Por su parte, Bertha Corona Banderas, narró que su hijo Patricio desapareció junto con sus tíos Simón, Rigoberto y un amigo de ambos no identificado en un retén de la policía municipal cerca de la cabecera de Turicato, el 23 de septiembre de 2009.   

Evangelina Contreras Ceja comentó que su hija Tania desapareció de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, el 11 de julio de 2012. Iba acompañada de su padre, quien tenía poco de haber llegado de Estados Unidos. Sólo se sabe que se la llevaron policías municipales y criminales.   

Laura Orozco señaló que a partir de 2008 comenzaron las desapariciones, primero su padre, luego dos de sus hermanos, mientras que otro fue encarcelado y luego fue víctima de un atentado. Pagaron rescate, pero aun así no aparecieron. Todo fue porque se negaron a pagar cuota por ser dueños de varias huertas de aguacate. Luego despojaron a su familia de parte de las propiedades. Estuvieron involucrados elementos de seguridad federal, estatal y municipal, así como integrantes del crimen organizado. (Con información diario La Jornada)