Fernando Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

CDMX, 29 de abril, 2019.- Los líderes sindicales siempre han gozado del consentimiento del poder, principalmente cuando manifiestan su lealtad, es decir, cuando realizan generosas donaciones para financiar los procesos electorales, o bien, cuando comprometen el voto de los agremiados al partido en el poder.

Así, se construyó en las primeras décadas el sistema político mexicano, sustentado en la legitimidad, la cual descansaba en uno de los principales bastiones: el corporativismo sindical. El Partido Nacional Revolucionario (PNR), después nombrado como el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), para finalmente, transitar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin duda, el andamiaje incluía un presidencialismo fuerte y un partido oficial para completar los tres ejes que garantizarían el poder por más de siete décadas al hoy debilitado PRI. El Estado mexicano a principios de la década de los setenta enfrentó un debilitamiento que lo llevó a renunciar e ese proteccionismo histórico de la clase trabajadora, por lo que sus líderes charros entraron en una etapa de extinción, en la cual sólo sobrevivieron algunos, pero con las mismas prácticas que los han llevado a imponerse al frente de los sindicatos y sin rendir cuentas del gasto que ejercen por concepto de las cuotas sindicales o de los apoyos de recursos públicos que reciben.

En este sentido, se puede asegurar que los líderes sindicales crecieron al amparo y contubernio del Estado mexicano y hoy se han convertido en piezas de ornamento, pues poco pueden aportar para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Por ello, sería deseable pensar que de aprobarse la reforma laboral, que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, se darían avances significativos en la democracia sindical, lo que se puede traducir en que los trabajadores tengan la oportunidad de elegir libremente a sus dirigentes mediante un voto personal, libre y secreto.