José K/Noticias y Debate M3  

Morelia, Mich., 28 de agosto, 2020.-Organizaciones defensoras de derechos humanos de Michoacán exigen al Senado de la República que la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada  reciba denuncias e investiguen delitos de lesa humanidad sea partir de 1968 y no en diciembre de 2010 como señala la propuesta del Ejecutivo federal.  

Pavel Guzmán, dirigente del Consejo Supremos Indígena de Michoacán (CSIM) manifestó que si las investigaciones fueran a partir de hace una década, eso significaría discriminación, marginación, exclusión y violaría los derechos colectivos de los pueblos originarios y de todos los desaparecidos en la guerra sucia. “Hay por lo menos 20 desapariciones forzadas en las comunidades indígenas, y 15 de ellas fueron antes de 2010:  fueron seis de Tarejero (1974), municipios de Zacapu; seis de Ostula; dos en Santa Fe de la Laguna y uno en Caltzontzin.  

El pasado 23 de julio se cumplieron 46 años de la desaparición forzada de Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, así como su primo José Luis Guzmán, quienes tenían entre 15 y 19 años de edad. Tres de ellos pertenecientes al grupo guerrillero Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR). Los cuerpos de seguridad federal también se llevaron a Jesús Guzmán Jiménez, padre de los cuatro hermanos.  

En Ostula, municipio de Aquila fueron más de 10 comuneros asesinados y seis desaparecidos, a finales de los 90 y principios del nuevo milenio, todo porque defendieron sus tierras de quienes pretendías despojarlos. En San Fe de la Laguna, municipio de Quiroga y en Caltzontzin, municipio de Uruapan, las desapariciones tuvieron que ver con la defensa de sus territorios, apuntó el dirigente CSIM.  

Janahuy Paredes, integrante de la organización Caminando Juntos por Justicia e hija de Francisco Paredes Ruiz (detenido en septiembre de 2007 en las inmediaciones de Morelia) manifestó que son aproximadamente 300 casos documentados de desapariciones forzadas, muchas de ellas fueron antes de 2010. “Son muchas madres y hermanos los que sigue buscando a sus familiares desparecidos y solo han recibido promesas y amenazas por parte de las autoridades de seguridad y justicia.  

Mercedes Ruiz, integrante también de Caminando Juntos por Justicia, formó parte de la Caravana de Búsqueda que inició el 29 de abril en Morelia y donde pudo constatar que hay municipios como Coahuayana y Aquila donde hay desaparecidos y no hubo denuncias por miedo.  

Dijo que es necesario que la CNDH y la Secretaría de Gobernación transparenten la metodología que utilizaron para asegurar que hay 73 mil 201 personas desaparecidas, casi todas a partir de 2006. “Necesitamos tener acceso a la base de datos y de información”, enfatizó la luchadora social.  

El hijo de Mercedes, Alejandro Ortiz Ruiz, desapareció el 29 de noviembre de 2010, iba acompañado de su socia Vianey Heredia, y la última vez que tuvieron contacto con ellos fue en Apatzingán. “Se dirigían a Lázaro Cárdenas, donde atendían a pequeños propietarios de una mina de hierro”.  

Maribel Martínez fue secuestrada y desaparecida en Uruapan por un comando armado hace 12 años. No hay ningún avance ni información sobre este caso aseguran sus familiares, “solo un montón de carpetas pro ningún resultado”.  

Bertha Corona Banderas, narró que su hijo Patricio desapareció junto con sus tíos Simón, Rigoberto y un amigo de ambos no identificado en un retén de la policía municipal cerca de la cabecera de Turicato, el 23 de septiembre de 2009. Supieron que fue en ese lugar porque un familiar de ellos pasó minutos después. “A él sólo le robaron su teléfono celular, pero no le hicieron nada porque llevaba a un niño de cinco años. Eso creemos”.  

Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, nuevamente habrá manifestaciones que muchas veces son criminalizadas por autoridades y algunos ciudadanos que desconocen la realidad, señaló Laura Orozco, quien comentó que su familia era propietaria de huertas de aguacate en Nuevo Zirosto, municipio de Uruapan, pero en 2006 cuando su padre se negó a pagar cuotas dos de sus hermanos, su padre y un tío fueron secuestrados y levantados tres años después. A su hermano le fabricaron un delito, lo encarcelaron y en 2012 le provocaron graves lesiones. Asegura que participaron criminales, militares y autoridades municipales.