Pável Ulíánov Guzmán/Noticias y Debate M3

Zacapu, Mich., 6 de mayo, 2020.-Debe desaparecer el elefante blanco que “atiende” a los pueblos originarios de Michoacán, y su presupuesto se distribuya de manera directa y proporcional a las comunidades. Históricamente es una institución que sirve para operar una burocracia indígena sumisa al servicio del gobernante en turno y en detrimento de los intereses colectivos. El Camino que queda es la autonomía.     

En términos históricos, la antes Secretaría de Pueblos Indígenas (SPI) y hoy Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI) es un elefante blanco, una institución que no beneficia a los distintos pueblos originarios del estado, al contrario, trabaja para fomentar su división, aislamiento, desinformación y engaño.   

En la cultura occidental, la expresión “elefante blanco”, popularmente es atribuida a posesiones que tienen un costo de manutención mayor que los beneficios que aportan, en este sentido la SPI-CEDPI, históricamente ha tenido presupuestos que únicamente alcanzan para pagar sus propios salarios, con lo que se ha creado una burocracia indígena sumisa, mientras los pueblos originarios continúan en ancestral pobreza y rezago, en otra perspectiva, los antes caudillos p´urhépecha, se encuentran “tras las rejas de sus oficinas, muy domesticados” (Fuente: La Domesticación Indígena / Xiranhua Comunicaciones).

En los últimos siete años, el gobierno y el Congreso del Estado de Michoacán, han recortado sistemática e irresponsablemente el presupuesto destinado para “el desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas” a través de la CEDPI, pasando de 114 millones asignados en el 2014, a 25 millones destinados para el 2020, lo que profundiza las condiciones de discriminación, pobreza y exclusión social de las comunidades originarias.

En síntesis, sin importar la filiación política del gobierno en turno, el Gobierno y Congreso de Michoacán, han cercenado un 80% el presupuesto dedicado a la atención de las comunidades originarias. A iniciativa del Gobernador, diputados de todos los partidos políticos, han aprobado presupuestos que van en contra de las comunidades indígenas.

En el devenir histórico, el presupuesto para el “desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas”, ya sea mediante la desaparecida SPI o la creada CEDPI, ha padecido una reducción brutal, durante el año 2014, el Gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado de Michoacán, destinaron la cantidad de $114,043,717; en el 2015 el presupuesto fue de $108,852,089; para el 2016 el monto se redujo a $103,627,453; en el 2017 el capital disminuyó a $68,465,885; para el 2018, el presupuesto fue por la cantidad de $22,409,289; para el 2019, el capital se incrementó un poco, al total de $47,219,815 y finalmente para el 2020, se destinó el monto de $25,470,102 (Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 y 2020).

En todos los años, el presupuesto reservado para atender las necesidades de las comunidades indígenas, no ha alcanzado ni siquiera el 0.3% del total del presupuesto asignado a las dependencias estatales, a todas luces es un capital miserable. Bajo este marco, la CEDPI mantiene un presupuesto que únicamente sirve para pagar una burocracia indígena sumisa y doblegada al gobernador en turno.

En este contexto, en marzo del 2020 el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, solicitó mediante el manifiesto “El coronavirus (covid-19) y los pueblos indígenas” que como medida económica especial durante la contingencia “desaparezca la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, institución fallida y elefante blanco que únicamente sirve para pagar altos sueldos a burócratas indígenas sumisos con el poder en turno y el presupuesto asignado para su operación, sea distribuido de manera directa y equitativa para las comunidades indígenas”.

Paralelamente, durante el 2019, la CEDPI promovió proyectos para el “fortalecimiento de las expresiones culturales de las comunidades originarias” iniciando proyectos de artesanías, lengua y gastronomía, firmando una minuta con 50 autoridades de comunidades originarias, a las que les requirió formatos, copias de elector y la elaboración de los proyectos, bajo este programa, les entregaría a cada comunidad la cantidad de 30,000 pesos por proyecto,  con el objetivo de impulsar actividades culturales, sin embargo, ni durante el 2019, ni en lo que va del año 2020, la CEDPI ha entregado tales proyectos, con lo que engañó a autoridades civiles y comunales de más de 50 comunidades. Es decir, la CEDPI ni siquiera es capaz de resolver la entrega de un programa social oficial.       

Los presupuestos asignados para los pueblos originarios de Michoacán son altamente discriminatorios, deficientes e injustos con las comunidades originarias de Michoacán, porque no corresponden con el número de habitantes que hablan un idioma materno, mismos que ascendían en 2010 a la cantidad de 136 mil 608 personas, lo que equivale al 3.5% del total de la población de Michoacán (Censo de Población y Vivienda 2010/INEGI). Es decir, de conformidad con su número de habitantes, a los pueblos originarios les correspondería el 3.5% de total del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, esto en el menor de los casos y sin observar los criterios constitucionales de conciencia de identidad indígena, autoidentidad y autoadscripción, que elevarían a más de 600 mil a los habitantes de los pueblos indígenas.

La disminución del presupuesto para las comunidades originarias, inició con la administración de Fausto Vallejo Figueroa y se exacerbó con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, en complicidad con la LXXII, LXXII y LXXIV Legislaturas y los diputados de todos los partidos políticos, esto a pesar de que se mantiene una deuda histórica con las comunidades originarias, son los más discriminados entre los discriminados, los más excluidos entre los excluidos y los más pobres entre los pobres.

En los hechos, más allá del lenguaje oficial, la disminución del presupuesto asignado para la atención de las comunidades originarias, demuestra una miopía social de los gobernantes y congresistas en turno, una total falta de visión, interés y apoyo para los pueblos originarios, toda vez que de ninguna manera, destinan los capitales suficientes para la atención y resolución de los ancestrales problemas de las comunidades originarias.

En este sentido, una de las pocas vías que dejan a las comunidades indígenas, es la movilización social para exigir sus derechos y obtener reivindicaciones sociales. El mejor camino que les queda a los pueblos y comunidades originarias es la libre autodeterminación, el autogobierno y la autonomía.

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