Pavel Guzmán/Noticias y Debate M3

Zacapu, 13 de junio, 2020.- El movimiento de libre autodeterminación de Pichátaro fue un proyecto que se fue construyendo poco a poco, un proceso que duró más de dos años. El primer paso fue crear actividades de concientización mediante talleres, foros o conferencias, donde las autoridades civiles y comunales se nutrieron de información sobre los derechos que mantenían como comunidad originaria; datos estadísticos sobre la comunidad; documentos sobre las asignaciones presupuestales al Municipio;  ejemplos históricos de lucha de comunidades originarias y la legislación internacional, nacional y estatal en materia indígena (Entrevista a Salvador Jesús, asesor del Consejo Comunal de Pichátaro 7/Feb/2017).

El proceso de compartición de información surgió a partir de la iniciativa de la jefatura de tenencia; brindando información al comisariado de bienes comunales, y sobre todo con los siete representantes de Barrio de la comunidad.

Luego comenzó a bajar la información a sus respectivos barrios, iniciando una lucha en primer plano ideológica, hasta convertirse en un equipo de alrededor de 25 personas, en donde todos mantenían la misma idea: la entrega y administración del presupuesto directo y el inicio de una lucha por la libre autodeterminación.

Ya una vez conformado un equipo concreto de trabajo, se pensaron tres vías para la obtención del recurso directo, la vía política, es decir, en mesas de trabajo con el ayuntamiento de Tingambato, la vía legislativa, con el Congreso del Estado, donde se legislará el derecho de presupuesto directo para las comunidades, y la vía jurídica, iniciando esta última con un  Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en septiembre del 2015, mediante el expediente SUP-JDC 1865/2015, para exigir su derecho, derivado de la libre determinación y autogobierno, de administrar y ejercer directamente los recursos públicos que equitativamente les correspondían en relación con el porcentaje de población del municipio, después de varias argucias legales por parte del ayuntamiento de Tingambato,   el 18 de mayo del 2016, se dicta sentencia en favor de Pichátaro, (Lemus Sergio / Pichátaro tendrá derecho a ser autogobierno y administrar sus recursos: TEPJF, 2016).

Después del resolutivo judicial,  se firmó un acuerdo ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) entre el ayuntamiento de Tingambato y el consejo comunal de Pichátaro, obteniendo la comunidad de Pichátaro  durante 2017 el 30% de los fondos municipales: del Ramo 28 correspondiente a las participaciones a entidades federativas y municipios;  del Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal; y del Fondo III de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal, mismos que para el 2018 amentarán al 35.5% conforme a la proporción que le corresponde legítimamente por el número de habitantes (Monreal Patricia / Tras cinco horas de negociaciones signa convenio Pichátaro con ayuntamiento de Tingambato, 2016).

En una estrategia de la comunidad, Pichátaro conformó su consejo de gobierno comunal antes de que se diera la sentencia del juicio que promovieron, bajo la idea de que el Jefe de Tenencia era una autoridad auxiliar del presidente municipal y sólo representaría los intereses del ayuntamiento.  De esta forma, el consejo comunal de Pichátaro quedó instituido en un principio por 7 consejeros, uno por cada barrio, integrándose posteriormente 2 consejeras como representación de las mujeres, manteniendo dentro de la estructura de gobierno comunal asesoría jurídica, comisión de enlace y contralor.

Entre sus objetivos destacan: recuperar su dignidad como indígenas, tomar sus propias decisiones y continuar con su proceso de libre autodeterminación, ampliar los proyectos productivos y de obras para la comunidad, realizar una gestión eficiente de servicios, generar mejores empleos para la comunidad, fomentar el rescate de la historia, cultura e idioma del pueblo p´urhépecha y mantener un sistema de seguridad comunal para y por la comunidad. (Consejo Comunal/ Propuesta de Gobierno Comunal, 2016).