José K/Noticias y Debate M3

Morelia, Mich., 5 de septiembre.-El Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) denunció a la alcaldesa Mayra Lucila Morales por negarle a este órgano de gobierno comunal,  el presupuesto directo al que tienen derecho, bajo el argumento de que no han comprobado los recursos de 2018.

“Ha caído en desacato porque el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ordenó al ayuntamiento de Nahuatzen en junio pasado entregar los recursos que le corresponden  al Concejo”, manifestó el vocero de esta organización purépecha, Efraín Avilés Rodríguez, tras señalar que ellos presentaron la queja ante el Tribual, que emitió el fallo a favor del CCIN, en la sentencia número 021-2019.

El ayuntamiento de Nahuatzen que encabezó David Otlica (asesinado el 23 de abril de 2019) aprobó en febrero de este mismo año, la suspensión de entrega de recursos al CCIN, al que le correspondía el 38.7 por ciento del presupuesto. El 22 de mayo tomó posesión del cargo Mayra Lucila Morales, quien ha pretendido desconocer al gobierno comunal electo por usos y costumbres de la comunidad de Nahuatzen, que es la cabecera municipal.

Al municipio de Nahuatzen le correspondieron durante 2018 aproximadamente 93 millones de pesos, de éstos 38.7 fueron administrados por el Concejo Ciudadano que le correspondieron a la cabecera municipal, el resto de los recursos se los dividieron entre Comachuén, Sevina, y otras comunidades de este municipio. Es decir, al ayuntamiento que encabeza Mayra Luycila Morales, solo le toca administrar el 20 por ciento del presupuesto, explicó el vocero del CCIN.

Dijo que integrantes del Concejo Ciudadano fueron a la Secretaría del Bienestar, donde se comprometieron a entregarles una clave para que puedan comprobar los recursos que administraron en 2018. “De no atender el mandato del Tribunal Electoral, la presidenta municipal tendrá que comparecer ante el Congreso local y ante la Fiscalía General del Estado, enfatizó Efraín Avilés.

En tanto, la alcaldesa de Nahuatzen declaró que los concejales se han atribuido funciones que no les corresponden, como el hecho de querer cobrar la luz eléctrica o el agua potable cuando los servicios deben ser atendidos por la autoridad municipal, pero debido a que no existe un reglamento o una ley que los regule, por lo que pidió al Congreso local su intervención.