Ernesto Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

Morelia, Mich., 19 de diciembre, 2019.- Integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) apelaron la decisión del juez que  encontró culpables de sabotaje a tres de sus compañeros que presuntamente participaron en una gresca en contra de funcionarios y seguidores de este municipio purépecha. Consideran que se cometió un acto de injusticia, y de no dejarlos en libertad organizarán una serie de protestas.

Yanitzia Juárez declaró, en conferencia de prensa, que las acusaciones fueron armadas, porque todos saben que se trata de una disputa política en la que salió derrotado el PRD, y luego José Antonio Arreola, José Luis Jiménez Meza y José Gerardo Talavera Pineda fueron detenidos por los delitos de robo con violencia y sabotaje, cuando el único delito es exigir el derecho a la libre autodeterminación a través de usos y costumbres.

Sostuvo que las autoridades han dado largas al tema legal y pretenden mantener en prisión a los tres comuneros con un fin político. Juárez advirtió que los comuneros llegarán hasta las últimas consecuencias y se movilizaran aunque los repriman a fin de hacerse escuchar y se hagan respetar los derechos y la ley.

Los tres comuneros de Nahuatzen, dos de ellos integrantes del Concejo Ciudadano Indígena (CCIN), llevan casi un año en prisión acusados de sabotaje, robo calificado y hurto de vehículo, por integrantes del ayuntamiento con quienes sostienen una disputa por el poder. Se trató de un asunto de mala fe y meramente político, aseguró Roberto Arriola Jiménez, integrante del CCIN, aunque hace apenas unos meses los dos últimos delitos fueron desvanecidos.

Dijo que José Luis Jiménez, José Antonio Arriola y Gerardo Talavera, fueron detenidos entre el 11 y el 14 de noviembre por participar en la gresca del 1º de noviembre que protagonizaron seguidores del CCIN y simpatizantes del alcalde perredista  fallecido meses después, David Otlica Avilés.

Los comuneros sostienen que los delitos fueron fabricados y totalmente infundados por la  síndica María Elena Avilés, quien presentó la denuncia a base de mentiras, pues existen las pruebas y fundamentos para haber logrado su liberación desde siete meses.

Sostuvieron que si la apelación no les favorece saldrán a las calles y se movilizarán por las dependencias estatales para exigir justicia porque se trata de un abuso de autoridad y de injusticia del grupo gubernamental del estado.