Ernesto Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

Morelia, Mich., 20 de noviembre, 2019.- El Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) apelará el próximo martes 26 de noviembre, ante el magistrado del Poder de Justicia de la Federación, con sede en Morelia, luego de que tres comuneros fueron sentenciados a siete años de prisión por el delito de sabotaje, informó el vocero de esta organización purépecha, Efraín Avilés Rodríguez.

El pasado 23 de octubre, los integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez, así como el simpatizante del movimiento, José Gerardo Talavera fueron sentenciados por el juez penal de Uruapan, Víctor Hugo Ortiz Margarito,  por delito de sabotaje y desechó las acusaciones de robo y robo calificado.

Para la presentación del recurso de apelación los acompañarán abogados de la Secretaría de Gobernación federal, porque existe el antecedente de que sus compañeros están presos por cuestiones políticas, ya que el CCIN viene promoviendo un gobierno que se rija por usos y costumbres, mientras que el PRD y el gobierno estatal han tratado de mantener la alcaldía, primero a David Otlica, que después de su muerte, fue cedida a Mayra Lucila Morales.

El 1 de noviembre de 2018, los  comuneros fueron arrestados por los enfrentamientos entre integrantes del Concejo Ciudadano y autoridades del ayuntamiento perredista. Los comuneros desalojaron a los funcionarios del edificio municipal, que desde hacía tres años funcionaba como sede del gobierno comunal.

Los tres habitantes de Nahuatzen fueron acusados de robo de material que se encontraba en la casa municipal, de dos vehículos Tsuru y un camión recolector de basura y por sabotaje, es decir por entorpecer las labores del ayuntamiento. Ante la condena del pasado 23 de octubre,  integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen se trasladaron a la Ciudad de México, en específico a afuera de la oficina de representación del Gobierno de Michoacán con la finalidad de protestar sobre la actuación tendenciosa de la justicia.

Luego de varios años, el municipio de Nahuatzen sigue siendo zona de conflicto debido a la lucha que emprendieron  grupos políticos, unos que están a favor del sistema de partidos,  y otro que pretende recuperar  el sistema tradicional de usos y costumbres.

Desde hace unos cinco años, en la cabecera municipal de Nahuatzen se creó un consejo ciudadano

que destituyó a autoridades municipales y  partidos acusados de que protegían delincuentes o incluso que estaban involucradas con criminales. Todo esto en un marco de pobreza que caracteriza a este municipio purépecha.

El conflicto es real, y desde hace  al menos tres años, se ha insistido que las autoridades gubernamentales deben frenar el conflicto porque puede desatarse un hecho violento de gravedad. La experiencia nos dice que  la confrontación en comunidades solo deja desgracias y divisiones, de ahí que el llamado es que se actúe con justicia, sin sesgos políticos.

Cabe señalar que el ayuntamiento del PRD, ha estado en contra del resolutivo 035/2017 que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que reconoce al Concejo de Nahuatzen como autoridad para hacer uso de una parte proporcional de los recursos económicos que llegan al municipio. Pero a raíz de este problema del enfrentamiento y detención de los tres comuneros, desde marzo de este año, la Secretaría de Finanzas mantiene retenidas las participaciones que le corresponden al CCIN, afirmó Efraín Avilés.

Como se recordará, el caso de José Antonio Arreola Jiménez, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera fue atraído por la senadora Nestora Salgado, lo que significa que hay seguimiento especial porque hay desconfianza en lo que hizo la justicia, tanto federal como estatal en 2018.