Fernando Martínez Elorriaga/Noticias y Debate M3

CDMX, 26 de septiembre, 2019.- Tenemos que aceptar que la violencia que predominó en el sistema político mexicano desde la década de los sesenta, la cual se expresó en encierros brutales y desaparición forzada, no es algo que terminó con el arribo y reconocimiento de los partidos de oposición, sino que siguió presente aún en los gobiernos panistas que se auto-declararon de alternancia, y lo que es más preocupante se manifestó en el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto.

De esta manera, la guerra sucia que emprendió el Estado mexicano desde que en los años sesenta y setenta se dieron los primeros brotes guerrilleros en varias regiones del país, no sólo forma parte de su historia de vida, sino que lo practica con modalidades más sistemáticas para garantizar la coordinación de su ejecución y la impunidad de sus acciones. 

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define la desaparición forzada como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincide con las organizaciones civiles, al expresar que a diferencia de lo que vivió México en la llamada guerra sucia, en donde las desapariciones se cometían con motivos políticos, hoy las desapariciones se extienden a cualquier persona “sin alguna militancia social o política, sospechosos por cualquier circunstancia o señalados por funcionarios públicos de los diferentes gobiernos de pertenecer a bandas del crimen organizado, han sido víctimas de desaparición forzada”. 

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las personas “no localizadas” en México, al 30 de septiembre de 2015, son 26 mil 798. En agosto de 2014, cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) arrojaban 22 mil 322 personas “no localizadas”.  En junio de 2014, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación afirmó que el número de personas “no localizadas” ascendía a 16 mil y no 8 mil como lo indicó en mayo de 2014 al comparecer en el Senado de la República. 

La CNDH por su parte ha reconocido públicamente que a pesar de la gravedad del problema, no existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y una estadística confiable, toda vez que en el análisis no existe una clasificación adecuada y acorde a los estándares internacionales sobre los distintos casos que pueden presentarse.

En este contexto se puede anticipar que Peña Nieto pasará a la historia como el mandatario que por omisión o complicidad toleró durante su gestión la desaparición forzada, por lo que será señalado como el responsable directo de las 43 desapariciones forzadas y seis asesinatos del caso Ayotzinapa, pues el informe de la investigación que en su momento realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dejó en evidencia que en las investigaciones abundaron varias inconsistencias, errores, omisiones y ocultamiento de evidencias en la mayor parte de las actuaciones de las policías y las procuradurías involucradas en la averiguación del caso.   

Los especialistas desmintieron al gobierno federal, quien en un primer momento delimitó la responsabilidad a las autoridades municipales, es decir, a la presidencia municipal y policías de Iguala y Cocula, no obstante, se pudo comprobar la participación de policías ministeriales; policías federales; soldados del 27 batallón de infantería; policía militar y militares de servicios de inteligencia, todos colaboraron en la agresión como perpetradores u observadores. 

Asimismo, se descartan las versiones de los expedientes oficiales, en las que se explica que los estudiantes fueran confundidos con una banda de narcotraficantes rival de la que controla la plaza de Iguala y que luego de ser asesinados fueron incinerados en el basurero de Cocula como lo aseguró en su llamada verdad histórica el ex procurador Jesús Murillo Karam. 

Los mexicanos exigen justicia, los familiares no desean nuevos peritajes o prácticas dilatorias, sino que la Fiscalía General de la República (FGR) apoye una investigación a cargo de un equipo internacional que garantice la imparcialidad en las averiguaciones previas e investigue sin límites de tiempo y libertad de ejecución para investigar a los funcionarios de todos los niveles involucrados en el caso; incluyendo a los militares.

El autor es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCPyS; Maestro en Comunicación y Política; y Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. (ferelorriaga@politicas.unam.mx).