José K/Noticias y Debate M3  

Morelia, Mich., 29 de agosto, 2020.-El abuso sexual a menores de edad ha sido un delito que ha permanecido en la mayoría de las veces impune. Durante siglos se resolvió con la presunta reparación del daño, pero la mayoría de las veces ni siquiera hubo denuncia. Sin duda este delito insulte y agravia cuando se trata de actos que consideramos inconcebibles.  

El abuelo de una niña de dos de años fue detenido, en el municipio de Zitácuaro, por el delito de abuso sexual en contra de su nieta de dos años, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). Según la carpeta de investigación el sujeto se quedó solo con la menor y los hechos fueron denunciados por la madre de la víctima.  

De acuerdo a la Fiscalía de Michoacán al menos se han cometido 185 abusos sexuales en contra de menores de 16 años en lo que va de este año.  En 2019 fueron denunciados 140 casos. Los municipios con mayor número de denuncias son: Zamora, Apatzingán, Morelia, La Piedad, Zitácuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas.  

 “Sabemos que son muchos más de estos ilícitos que no se denuncian”, afirmó la diputada local Gabriela Ceballos Hernández, quien presentó la iniciativa de reforma al Código Penal, hace unos días, para que se persiga de oficio el delito de abuso sexual cometidos en contra de menores de edad o con alguna discapacidad.   

La mayoría de las veces este delito se gesta desde el núcleo familiar o en un entorno donde el menor siente confianza por tratarse de figuras cercanas a las y los menores.  La iniciativa de ley también plantea que los perpetradores de los delitos sexuales reciban atención psicológica o psiquiátrica y tengan vigilancia de la autoridad, para que se les restrinja acercarse a las víctimas o residir cerca de ellas.   

La legisladora panista propone que la sanción se eleve cuando el responsable allane el lugar donde se encuentre la víctima; cuando se le administre una sustancia tóxica; se cometa en instituciones de atención psicológica, de adicciones, médica, religiosa, de guarda o custodia; y cuando cause a la víctima una enfermedad de transmisión sexual o incurable.    

Propone que a los sentenciados por estos delitos no se les conceda ningún beneficio de libertad anticipada.    

A quien sostenga cualquier tipo de acto sexual,  reales o simulados, con uno o varios menores de edad o con persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho se le impondrá una pena de 10 a 18 años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa.    

Por más que se aumente el castigo a los responsables parece poco en comparación al daño que causan.