José K/Noticias y Debate M3

Morelia, Mich., 21 de septiembre, 2019.- Este 26 y 27 de septiembre se cumplen cinco años  de la desaparición forzada de 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y lo único que queda claro es que hay testimonios de los policías presos y ninguno conduce al basurero de Cocula, donde se indujo la conclusión de la primera investigación que tiene que ver con la cremación de los estudiantes., afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas., quien es responsable de la investigación de este caso.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)   señaló hace apenas  poco más de un año que la desaparición forzada de los  estudiantes normalistas “no es sólo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México”, y lamentó que las autoridades de la administración anterior hayan defendido hasta el final la llamada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Han transcurrido cinco años  de la desaparición de los 43 estudiantes, el organismo  mantuvo hasta el final que la llamada  “verdad histórica es insostenible”, ya que “sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas” por diversas entidades internacionales, entre ellas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture.

La desaparición de los normalistas tuvo lugar en un contexto de violencia asociado a la guerra contra las drogas iniciada en el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012). La desaparición de los normalistas no es un caso excepcional. Tlatlaya y Apatzingán son la evidencia de la normalización de los crímenes por desaparición y los asesinatos masivos en los que han visto involucrados agentes del Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018). 

Parece difícil esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos,  pero hay esperanza que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se conozca la verdad de esos hechos, que marcaron, para mal, al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Cinco años son muchos para un sistema  que se caracterizó en eliminar toda huella de los crímenes de Estado.  Si algunos cabos sueltos puede que haya resultados que esclarezcan estos vergonzosos hechos, sino, la lucha de los familiares de los 43 desaparecidos continuará de por vida.