José K/Noticias y Debate M3

Morelia, Mich., 15 de septiembre, 2019.- La noche del 15 de septiembre en Morelia, causó irremediables daños en decenas de personas. Fallecieron ocho y más de 100 resultaron lesionadas. Los familiares de las víctimas sostienen que no había seguridad, aunque es de reconocerse que nunca antes había ocurrido un acto terrorista de esta magnitud.

A 11 años de los  “granadazos” de la noche del Grito de Independencia en la capital michoacana, familias de las víctimas exigen justicia porque a pesar de todos estos años sigue prevaleciendo  impunidad, luego de que los supuestos autores materiales  del atentado salieron en libertad hace años  al no haber pruebas en su contra.

Familiares de las ocho personas fallecidas y más de una veintena de lesionados  se dieron cita esta mañana, en la Plaza Melchor Ocampo de la capital michoacana, para ofrecer una ofrenda floral y montar una guardia de honor a las víctimas de que aquella noche de Grito de Independencia. Estuvieron acompañadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Teresa García, quien sufrió una lesión por esquirla en la garganta, coincide con otras familiares de las víctimas, al señalar que padece trastornos psicológicos casi permanentes. “No se me puede borrar de la mente aquella pesadilla”, comentó, al referirse a las ocho personas fallecidas y más de 100 lesionados.

Comentaron que el gobierno del estado está construyendo 14 viviendas, y que las pensiones se han estado entregando, “pero el gobierno federal desde un principio no nos ha dado nada”, comentó Teresa García.

El 26 de septiembre de 2008, días después del atentado,  la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Maricela Morales Ibáñez, manifestó en conferencia de prensa que habían sido detenidos los responsables del acto terrorista de la noche del 15 de septiembre: los presuntos Zetas, Julio César Mondragón Mendoza, Juan Carlos Castro Galeana y Alfredo Rosas Elicea.

El 27 de mayo de 2015 fueron liberados porque el juez consideró que había declarado  tras tortura y se había constatado la fabricación de pruebas. Desde años y meses atrás los familiares habían demostrado que fueron detenidos en distintos lugares y comprobado que no estuvieron en Morelia el día del atentado.

El  9 de septiembre de 2017, el gobierno de Michoacán envió al Congreso local una iniciativa para actualizar las pensiones que reciben los afectados y familiares de las víctimas de los llamados “granadazos”. 

Salvador Díaz perdió a su esposa esa noche. Uno de sus tres hijos, de 23 años, es atendido en el hospital militar de Irapuato, Guanajuato, donde lo operarán para sacarle esquirlas.

“Yo trabajaba en rectificación de motores y mi esposa, Leticia, era maestra del Colegio Anáhuac.  Salvador recibe apoyo psicológico, ya que no ha podido superar el trauma. Recibe una pensión gubernamental de 10 mil pesos al mes, pero debe pagar medicamentos y atención hospitalaria. Otros reciben 6 mil pesos mensuales.

“Queremos que se haga justicia, saber quiénes fueron y por qué causaron  tanto daño a decenas de familias”, indicó Guadalupe Hernández.